El aumento de la edad de jubilación y los aportes personales al IESS violentan la Constitución de Ecuador (VIDEO)

Los pueblos están en la obligación de acudir a la “movilización social” y activar de manera contundente el “derecho a la resistencia”.

“Menuda ironía: a los 22 te piden 5 años de  experiencia, a los 50 estás viejo para un empleo, a los 65 eres joven para una pensión…”, escribió en su cuenta de Facebook la usuaria Beatriz Calle, puntualizando las distorsiones respecto a la vida laboral de las personas, y sobre todo poniendo énfasis en la absurda intención del gobierno del presidente Guillermo Lasso de incrementar la edad de jubilación.

Para el abogado experto en Derecho Constitucional y miembro de la Unión de Comunidades Indígenas del Azuay (UCIA), Ángel Cartuche; la propuesta anunciada por el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Cepeda, es una suma de inconstitucionalidades que no debería pasar más allá de eso, de anuncio de mal gusto orientado a “privatizar” el IESS.

Precisó que la seguridad social se basa en los principios de Solidaridad, Obligatoriedad, Universalidad, Equidad, Eficiencia y Subsidiaridad, articulados en el Art. 367 de la Constitución que claramente ordena que “no podrá privatizarse”.

Enfatizó que lo expresado por Cepeda “son propuestas nefastas” que quieren afectar el derecho y la vida de los trabajadores y llevar al IESS “al camino de la privatización».

Elevar la edad de la jubilación a 70, 75 años, es sencillamente establecer una especie de sentencia de muerte; hay que recordar que pasados los 65 años el trabajador entra en la tercera edad, es decir en el ámbito poblacional de personas de atención prioritaria, subrayó.

Para el experto, el gobierno derechista de Lasso simplemente trata de liberarle al Estado de su obligación de entregar el 40% de los aportes y dejar el camino libre a la privatización del IESS.

Además consideró que, si luego de haber funcionado el instituto como “caja chica” de los gobiernos, hoy se encuentra hundido en una profunda crisis, es por los espantosos niveles de corrupción conocidos por todos pero por nadie sancionado.

En este sentido se anticipó en la necesidad de que, en el supuesto no consentido de que la propuesta pase en la Asamblea Nacional, algo que ya no sería extraño, las organizaciones acudan a los organismos internacionales para hacer respetar la Constitución. Pero más allá de esta obligación jurídica, los pueblos están en la obligación de acudir a la “movilización social” y activar de manera contundente el “derecho a la resistencia”, enfatizó el constitucionalista y líder social.