Ecuador, un 2022 sacudido por la inseguridad y la violencia

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. (Foto Presidencia de la República).

La violencia sacudió a este país en el año que termina. El poder del crimen organizado llegó a su punto más alto y dejó en falsa posición al Gobierno de Guillermo Lasso.

«La crisis de seguridad ha derivado en una puesta en escena costosa, pero eficaz. La violencia en las cárceles y en las calles es el telón de fondo. El miedo a ser víctima del hampa, la atmósfera perfecta. Policías y bandidos, los protagonistas de una obra que indigna y embelesa por igual», consideró el catedrático Luis Córdova Alarcón, en un artículo titulado «¿Quiénes ganan con la inseguridad?», publicado en la revista digital «Opción S», refirió la Agencia Sputnik.

Datos oficiales confirman que en los primeros 10 meses de 2022 se registraron 3.538 muertes violentas a nivel nacional, más de un millar de las reportadas en 2021, cuando el año cerró con 2.495 asesinatos, pero las cifras podrían crecer todavía hasta bordear los 4.000 homicidios este año.

Noviembre y diciembre también experimentaron incremento de asesinatos y según la Policía Nacional, la denominada zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón, en la provincia de Guayas. Es el área más violenta, seguida por las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.

Como muestra de los niveles de violencia, solo en el feriado por Navidad se registraron 24 homicidios en Guayaquil, que este año fue señalada entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

La situación, que genera temor en la población, no disminuyó durante los últimos 12 meses, pese a los 5 estados de excepción decretados en diferentes momentos, a fin de aplicar mecanismos para intentar devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Según el Estado, hubo resultados positivos, pero que no ofrecieron muchas mejoras en opinión de la población, debido a que se siguieron registrando asesinatos en este período.

Para Córdova, profesor de la Universidad Central del Ecuador y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, esta es la peor crisis en temas de seguridad en la historia del país, donde la influencia del narcotráfico y las bandas narcodelictivas han generado una ola de violencia sin precedentes.

Crisis carcelaria

En medio de ese panorama, los registros de 2021 y 2022 dan cuenta de más de 440 homicidios en el interior de las cárceles, que suman 36 en el país, con capacidad para 30.000 reos, aunque, según las estadísticas albergan a unos 32.000 en total.

De acuerdo con el Gobierno, el alza considerable en las muertes violentas en las prisiones se debe principalmente a enfrentamientos entre bandas rivales por el control de los penales, así como a la reacción de sus miembros al traslado de los cabecillas de esos grupos que han derivado en siete masacres este año y en cerca de un centenar de presos asesinados.

La primera matanza carcelaria de 2022 ocurrió en abril, en la prisión de Turi (ubicada en la ciudad de Cuenca), donde al menos 20 internos fueron ultimados y le siguieron dos más en Santo Domingo (en mayo y julio), con un saldo de 44 y 12 muertes, respectivamente, una en Latacunga y otra en Guayaquil (en octubre), que cobraron 16 y 13 vidas, así como dos en El Inca, en Quito, (en noviembre), donde fueron asesinados 5 y 10 reos, en ese orden.

Tras cada incidente, efectivos policiales y militares realizaron requisas, en las cuales encontraron artículos prohibidos en las prisiones como armas blancas y de fuego, de diversos tipos, así como municiones y teléfonos celulares.

A juicio de analistas, además de los enfrentamientos por el dominio de los centros de reclusión de infractores, otras causas de la crisis carcelaria comprenden el hacinamiento, la escasez de guías penitenciarios, malas condiciones en la infraestructura e insuficientes e ineficientes programas de rehabilitación social.

La violencia carcelaria salió de los muros de esos recintos y llegó a las calles de varias ciudades, como resultado de los intentos de las bandas delictivas de controlar territorios, por cobro de cuentas estilo sicariato y debido a operaciones de narcotráfico, con el consecuente aumento de los asaltos, robos a domicilios y locales comercios.

Estados de excepción y toques de queda

El aumento de la conflictividad en los penales y en varias ciudades ecuatorianas llevó al Gobierno de Lasso a decretar estados de excepción y toques de queda, entre otras medidas, para poder desplegar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en las calles y dotarlos de los mecanismos necesarios en el enfrentamiento a ese flagelo.

Aunque el Ejecutivo ofreció datos positivos al término de cada período de excepción, algunos expertos responsabilizan a la dirección nacional del país por la falta de resultados a sus intentos de aliviar la inseguridad, que afecta a la ciudadanía, víctima de los hechos violentos.

«La práctica de masacres carcelarias sigue tan vigente como el año pasado. Lo que preocupa es que el Estado no tiene ninguna capacidad de ponerle un freno a esto», sentenció en entrevista con la emisora Antena Uno el sociólogo y analista en seguridad y defensa Daniel Pontón.

Asimismo, Pontón manifestó que el Estado no hace las cosas bien y necesita una hoja de ruta para reducir los índices de muertes, porque las bandas operan en impunidad y se extienden por el territorio, hacen lo que quieren. «La capacidad del Estado está en deuda», aseveró.

El fallo del Gobierno en sus intentos de garantizar seguridad ciudadana ha incidido en la disminución del nivel de credibilidad de la población en el presidente de la república, pues muchos coinciden en que la elevada criminalidad no se limita a la crisis carcelaria y a la narcodelincuencia, sino también al alza en los niveles de pobreza y desempleo en el territorio andino.

Más recientemente, el Gobierno de Lasso anunció la compra de equipamiento que incluyen blindados y helicópteros a Israel, así como uniformes y armamentos, pero estos no comenzarán a llegar hasta el primer trimestre del próximo año.

Mientras el gobierno le apuesta al tema de la logística para pertrechar a los agentes del orden, parece olvidarse de las causas de la violencia, entre las cuales están la falta de medios de subsistencia de los ciudadanos por el desempleo, problemas para el acceso a la salud, a la educación pública, y de programas sociales para el esparcimiento de los más jóvenes, lo que hace que sean presas fáciles de la delincuencia.

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