Devolución de  IVA a gobiernos seccionales asciende a más de 10’117.000 dólares

La subsecretaria de GADs de la Secretaría Nacional de Gestión Política informa respecto a las gestiones gubernamentales.

La subsecretaria de GADs de la Secretaría Nacional de Gestión Política, Camila Moreno, informa respecto a las gestiones gubernamentales.

A más o menos 10’117.467 dólares asciende la cifra que el Gobierno Nacional devolvió  por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), informó la subsecretaria de GADs de la Secretaría Nacional de Gestión Política (SNGP), Camila Moreno, en la sesión que tuvo en Cuenca la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) Regional 6,  el lunes 25 de febrero.

De este monto, 1’124.024.274,55 dólares corresponden a los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago (706.392,06 dólares para los municipios de Azuay, 315.024,40 dólares a los de Morona Santiago, 28.578,09 dólares a los de Cañar)  y 998.443,87 dólares a los gobiernos parroquiales (920.978,84 dólares para los gobiernos parroquiales de Azuay y 77.465,03 dólares a los de Cañar), según los datos proporcionados por la subsecretaria.

Magaly Quezada, alcaldesa de Nabón, dijo haber comprobado que los dineros se encuentran en las cuentas municipales lo que es satisfactorio, aunque la devolución del  IVA debe ser directa y no cargarse a proyectos a través del BEDE.

Añadió que también se pidió a la Subsecretaría de GADs que se gestione ante el Ministerio de Finanzas  el pago oportuno de los valores correspondientes  a la Ley 047, lo cual facilitará avanzar en los respectivos proyectos.  Con esta ley se benefician los municipios de Azuay, Cañar , Morona Santiago y Tungurahua con el 5% de la venta de la energía eléctrica generada  por las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán.

La alcaldesa informó que otro tema tratado por la AME Regional  se relacionó con la Revisión Técnica Vehicular  que deben efectuar los  municipios  y cuyo costo beneficio es un problema. Se pidió a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que amplíe el plazo para la  incorporación de los centros de revisión técnica.

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