“Vamos a ser el huésped incómodo en el Gobierno Nacional con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de las personas”, expresó Verónica Aguirre, defensora del Pueblo del Azuay, quien se desempeña en esa función desde inicios de mayo.
Aclarando que la Defensoría del Pueblo es una entidad estatal que no forma parte del Gobierno, sino que tiene autonomía propia, la funcionaria señaló que la meta de la actual administración es superar el proceso de silencio de más de 10 años y uno menos corto en el que los temas se trataron de manera extrema.
Señaló que en esa perspectiva en Cuenca se han abordado casos como el aislamiento indebido a un interno del Centro de Rehabilitación Social, de Turi, para quien se pidió un hábeas corpus a fin de “evitar el trato cruel, inhumano y negligente” al que se le había sometido.}
Además en este centro se encontraron “varias circunstancias no correctas” que al momento están bajo investigación de la Fiscalía.
También son temas de preocupación prioritaria la suspensión de bonos a los adultos mayores y a personas jubiladas; concesiones mineras, entre otros asuntos.
“Queremos visibilizar a la institución rectora de los derechos humanos… no olvidemos que somos una magistratura de la persuasión y a través de ello es que logramos los objetivos de la no vulneración de derechos de las personas y el medio ambiente”, subrayó Verónica Aguirre.
Para ello se afina un proyecto de educación, concientización y de dar la mano al ciudadano en el seguimiento y acompañamiento en la defensa de sus derechos, puntualizó la funcionaria.
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