Cuatro meses de prisión preventiva contra expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y colaboradores

La expresidenta de facto durante sus primeras horas de detención. (Captura de pantalla).

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue trasladada este lunes 15 de marzo desde la celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, hasta la cárcel femenina de Obrajes, en La Paz, donde debe cumplir su detención preventiva  por el golpe de Estado contra el expresidente constitucional Evo Morales, confirmaron medios locales.

La jueza Regina Santa Cruz decretó ayer domingo la detención preventiva de cuatro meses para Áñez y sus dos exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para las investigaciones correspondientes. La Fiscalía había pedido 6 meses, pero la juez decidió que era excesivo.

La medida obedeció a un riesgo de fuga de la exmandataria, durante su detención se hallaron evidencias de que trataba de huir, sostuvo la jueza. Añez fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes, mientras que Coímbra y Guzmán estarán en el penal de San Pedro.

Áñez, al igual que sus principales colaboradores, está acusada de «terrorismo, sedición y conspiración» por el golpe de Estado contra Morales en 2019.

Poco después de su aprehensión, la expresidenta de facto denunció que ha sido víctima de «abuso y persecución política».

El Gobierno boliviano, que negó esa persecución, pedirá 30 años de cárcel para la exmandataria de facto, denunciada por sedición, usurpación de funciones, autonombramiento de presidenta del Senado para tomar la Presidencia del Estado y otros delitos, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

«Los cuatro meses de detención preventiva servirán para sustentar las graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto. Estamos buscando una condena de 30 años», dijo a reporteros el ministro.

Además aclaró que Áñez Chávez está siendo juzgada como exsenadora y no como expresidenta, por ese se le negó la aplicación de un juicio de responsabilidades, dada esa condición. La jueza, en coincidencia con la Fiscalía, le acusan por delitos  de cuando tenía condición de senadora.

El analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y exdiputado español, Sergio Pascual, vio coherentes y en línea con la práctica internacional estos procesos contra quienes «suspendieron» la democracia en el país andino.

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