Cuáles son las raíces detrás de la crisis carcelaria en Ecuador (y quiénes son sus verdaderos responsables)

Policías sacan un cadáver por el techo de la Penitenciaría del Litoral, 13 de noviembre de 2021. (Foto tomada de RT)

«Esto se ha transformado en algo llamado ‘necropolítica’, esta capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere, y al final quienes mueren son las personas más empobrecidas», denuncian defensores de derechos humanos.

El pasado viernes 12 de noviembre, cerca de las 18h30 horas —según un parte policial— se registró un nuevo motín en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o ‘La Peni’, en la provincia de Guayas, en la región Costa de Ecuador.

Esta nueva masacre dejó un saldo de 62 reos muertos y más de 40 heridos. En principio, la Fiscalía General del Estado había informado sobre 68 asesinados, pero luego aclaró que la cifra informada previamente se debió «al estado de las piezas anatómicas halladas en la Penitenciaría», puesto que muchos privados de libertad fueron mutilados e incinerados.

Por el número de víctimas fatales, esta última masacre se convierte en el tercer motín carcelario más sangriento del año en Ecuador. En primer lugar está el ocurrido el 28 de septiembre, también en ‘La Peni’, con un saldo de 119 asesinados. Antes, el 23 de febrero murieron 79 reos en enfrentamientos simultáneos en varias cárceles ecuatorianas; siendo este el segundo motín con más asesinatos.

Estos tres motines no han sido los únicos. El 21 de julio, hubo amotinamientos en dos centros de privación de libertad, con un saldo de 27 reclusos muertos; el pasado 1 de noviembre otros tres reos fallecieron en nuevos enfrentamientos, y uno más el fin de semana siguiente.

Según un conteo no oficial que llevan los medios de comunicación locales, en 2021 han muerto al menos 321 privados de libertad en diferentes motines en el país, resume el periodista Edgar Romero G. para la cadena RT.

Siete horas de exterminio

De acuerdo con la Alianza contra las Prisiones, integrada por varias organizaciones de derechos humanos, el último motín se extendió por más de siete horas, hasta la madrugada del sábado 13 de noviembre.

«Siete horas pasaron entre el primer pedido de auxilio por parte de las personas encarceladas y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral», dice un comunicado de la alianza.

Para la agrupación, en ese lapso de «inacción estatal», el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, «en comisión por omisión», a estos internos, «en un país donde la pena capital está proscrita».

Además, la Alianza señaló que «mientras las siete horas de exterminio carcelario transcurrían lentamente para los internos, varios representantes del Gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los EE.UU., celebrando el aniversario de los marines». En esa celebración, que se hizo en Guayaquil, participaron el presidente Lasso y el ministro de Defensa, Luis Hernández.

Militares llegan a la Penitenciaría del Litoral. Sábado 13 de noviembre. (Foto tomada de RT).

Las víctimas fatales de la masacre

De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Plan V, 34 de los reos asesinados tenían sentencia, 10 cumplían prisión preventiva y de otros siete no se tenía datos al respecto. Pero, además, por el tipo de delitos, 18 de ellos eran procesados por tráfico de drogas, no todos con el tránsito a gran escala de las sustancias; otras 10 personas por robo, tres por delincuencia organizada, tres por asesinato, dos por asociación ilícita, dos por tenencia de armas y una por abuso de confianza.

En la masacre fue asesinada Hellen Brigitte Maldonado Maldonado, una mujer trans recluida en este centro de privación de libertad para hombres. Según informa la Red Comunitaria Trans del Ecuador, ella llevaba 14 meses en prisión, cumpliendo una condena de 30 meses, por posesión de estupefacientes para «consumo».

Otra de las víctimas fue Víctor Enrique Guaillas Gutama, un campesino, defensor del agua y de los páramos, confirmó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Fue sentenciado por presunto «sabotaje» a cinco años de prisión en octubre de 2020, tras ser detenido en el contexto de las protestas de octubre de 2019. Sin embargo, dice la organización, «no tenía sentencia firme, esperaba la audiencia de apelación el próximo 4 de enero de 2022».

En la masacre también murió John Campuzano Triviño, quien fue contador de la empresa Ecuagran S.A, demandada por la Superintendencia de Compañías por falsedad de información bursátil. Su hija Jomaira Campuzano, a través de Twitter, contó que fue detenido el 1 de septiembre, tras un allanamiento a su domicilio y estaba bajo «prisión preventiva» por 90 días para investigaciones.

Del enfrentamiento entre bandas al terrorismo

La versión que ha manejado el Gobierno, al igual que la administración anterior de Lenín Moreno, es la existencia de un enfrentamiento entre bandas rivales, que se disputan el control de los recintos carcelarios del país.

Las riñas de este año habrían comenzado tras el homicidio de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, quien era el líder de Los Choneros y fue asesinado el 28 de diciembre de 2020 por un sicario. Su banda mantenía el control al interior de las prisiones y tras su muerte, el resto de las pandillas han buscado tomar ese liderazgo.

Sobre el reciente motín, la comandante general de la Policía, Tannya Varela, explicó que se desató en un pabellón en particular de ‘La Peni’, el 2, porque las bandas dirimen el liderazgo de ese sector luego de que un cabecilla saliera en libertad hace unos días.

Aunque la versión de la reyerta entre bandas es la más sostenida, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, lanzó otra. En una entrevista en Teleamazonas, el pasado lunes 15 de noviembre, el funcionario dijo que «las evidencias parecen señalar otra cosa» sobre el objetivo de la masacre.

«Uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción social muy fuerte, como se ha producido, y, al mismo tiempo, acusar al Gobierno de ser el responsable de esta masacre», expuso Jijón.

«Necropolítica» y ausencia estatal

La Alianza contra la Prisiones señala que la dimensión de las masacres carcelarias ecuatorianas «no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la guerra entre bandas».

«Esto se ha transformado en algo llamado ‘necropolítica’, esta capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere, y al final quienes mueren son las personas más empobrecidas» dentro de las prisiones, así como otros grupos vulnerables como migrantes, gente con discapacidad, mujeres trans, señala Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

De igual manera opina el abogado Roberth López, coordinador jurídico de la Fundación Dignidad, quien comenta que «lo que se vive actualmente en el Ecuador es la consecuencia del abandono estatal, de una inobservancia de las obligaciones finales que tiene el Estado con respecto a un grupo de atención prioritaria, reconocido constitucionalmente [artículo 35 de la Constitución], como son las personas privadas de libertad», explica.

El jurista añade que este abandono estatal se extiende a la sociedad en su conjunto y es «génesis» de la situación actual. «El Gobierno ecuatoriano desconoce estructuralmente el porqué existe el delito», dice, al mismo tiempo que insiste en que «no se puede reducir o minimizar el entendimiento de la actual crisis que vive el Ecuador, alejado de los márgenes de exclusión que se tienen en este país».

Bastías menciona que desde el Estado ha fallado la política criminal y la social, ya que no hay claridad sobre «qué se está haciendo para crear mejores condiciones de vida a la población».

Del mismo modo, considera que el Gobierno tiene un discurso para «responsabilizar a terceros», que se contradice con la realidad, ya que si bien existen esos grupos en los recintos penitenciarios, esas dinámicas violentas ocurren «por la permisibilidad del Estado» y «la falta de participación que ha tenido de la vida carcelaria».

Las condiciones en las cárceles

En octubre reciente, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, el entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Bolívar Garzón, informó que el hacinamiento en las prisiones de Ecuador llega al 26,57 %. Para entonces, según señaló, habían 38.186 privados de libertad y la capacidad del sistema carcelario en el país es para 30.196 reos.

Otro dato que reveló Garzón es que del total de presos, 22.297 tienen sentencia y 14.803 están sin condena, una cifra cercana al 40 % de la población penitenciaria.

Bastías señala que los prisioneros están «en condiciones inhumanas», en materia de salud, alimentación, con tratos crueles y sometidos a voluntades de bandas criminales. Agrega que, aunque existen programas para la rehabilitación social, estos se dan «en una menor medida» y «no tienen ningún tipo de eficacia», lo que se evidencia en los indicadores que señalan que ocho de cada 10 personas que han salido de la prisión vuelven a delinquir.

López añade que, además, para que un preso pueda participar de esos programas o espacios de rehabilitación, «tiene que pagar a quien lidere el pabellón» y «eso es lo que no se dice en el discurso oficial».

Esto concuerda con un informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que detectó al menos 47 anomalías en cárceles de Guayaquil, entre ellas que los pabellones están controlados por las organizaciones criminales, incluyendo presos con las llaves; no funcionan las cámaras de seguridad, escáneres y sensores; que los reos pueden conectarse a redes de internet porque no sirven los inhibidores de señal; que los funcionarios no cuentan con garantías, seguro de vida ni similares; y que se desconoce bajo qué criterio es repartida la comida que se entrega en la puerta de los pabellones, entre otras anomalías.

Aumento de la población carcelaria

Otro de los puntos que se han tratado en esta crisis que atraviesa el sistema carcelario de Ecuador es el aumento de la población carcelaria, que provoca el hacinamiento. Esto, de acuerdo con los defensores de derechos humanos, se ha relacionado con el abuso de la prisión preventiva y la criminalización de conductas que no deberían ser penadas.

«La administración de justicia también tiene una responsabilidad directa con respecto a lo que ocurre en la cárcel», sostiene Bastías, quien alega que la Fiscalía, «de forma arbitraria, solicita la prisión preventiva cuando tiene capacidad para también poder tener medidas sustitutivas».

La versión de López al respecto es mucho más preocupante. Este abogado opina que podría existir «una dinámica de reclutamiento criminal» para «aumentar los números activos de personas que forman parte de las bandas», en un entramado en el que participarían «jueces cómplices» de esas organizaciones que, «en el marco de un acuerdo mafioso», terminan «mandando pobres a las cárceles para que sean finalmente reclutados».

Crisis arrastrada desde 2019

La crisis carcelaria en Ecuador se evidencia desde 2019. Ese año, según el recuento de los medios, murieron en estos recintos 35 personas, 20 más que el año previo. En 2020, la cifra de asesinatos en las prisiones aumentó a 51 y ya este año sobrepasan las 300.

En un conversatorio con la prensa, en octubre pasado, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, dijo que una de las cuestiones que minaron la situación de las cárceles tuvo que ver con la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, durante la administración de Moreno, puesto que desde entonces «la institucionalidad no está clara» y la división de funciones entre la secretaría que dirige y el SNAI, dificultó los procesos administrativos.

«El ministerio tenía articulado un entendimiento de los derechos humanos frente al manejo de las cárceles, bien o mal, con sus falencias, pero existía de manera articulada. ¿Hoy qué tenemos? Por un lado, una Secretaría de Derechos Humanos que no sirve para un carajo y tenemos por otro lado el SNAI, que al final nunca buscan esa articulación», argumenta López.

En 2020, luego que Moreno declarara por dos años consecutivos dos estados de excepción para enfrentar la crisis carcelaria, la Corte Constitucional (CC) instó al Gobierno a presentar un Plan de Acción para el sistema penitenciario.

El SNAI presentó el plan, sin embargo, la CC se pronunció al respecto y dijo que «las instituciones responsables [de ejecutarlo] no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales«, por lo que consideró el proyecto como «otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales».

Asimismo, verificó que «no existe una política pública con un enfoque en derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social».

El reciente acuerdo nacional

Representantes de las diferentes fucniones del Estado se reunen con el presidente Guillermo Lasso. (Foto Twitter Guillermo Lasso)

Ante toda esta crisis que se ha generado, el presidente Lasso anunció el lunes pasado el establecimiento de un Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, con representantes de todas las funciones del Estado.

El acuerdo incluye, entre otras cosas:

  • Un proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.
  • El envío de un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional.
  • Beneficios penitenciarios para reos, como la prelibertad, rebajas de penas o la libertad controlada; e indultos a presos con enfermedades catastróficas.
  • La coordinación de la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, de forma indefinida.

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