Corrupto sistema penitenciario y judicial facilitó la muerte de seres inocentes en la peor masacre carcelaria del Ecuador

Protesta en la cárcel regional de Guayaquil el sábado 2 de octubre. (Captura de pantalla).

«El tenía que haber salido el 17 de junio, pero nos dieron largas (en emitir boleta de excarcelación) y no salió». Es el testimonio de los familiares de Leonardo González, asesinado en la Penitenciaría del Litoral. Cumplía una sentencia de 8 meses, por portar 18 gr. de marihuana«, escribió la periodista Sofía Montoya en su cuenta de Twitter .

“El caso de Elías Acosta es otro ejemplo. Él iba con su madre por uno de los barrios pobres de Guayaquil. Le faltaron el respeto a su madre y él la defendió. Llegó la policía y después de una audiencia lo condenaron a seis meses por escándalo en la vía pública. Lamentablemente fue a parar en el pabellón 5 donde se produjo el asesinato masivo”. Murió. Es el testimonio de otro de los usuarios de la misma red.

“Yo trabajaba en casa hasta el covid. Mi esposo usted sabe doctora que por el parkinson  ya no maneja. No teníamos que comer, mi hijo a la carnicería llevaba una gillette para cortar telita de carne y traernos. Lo botaron, empezó a robar y cayó, por eso esta muerto”, es el relato desgarrador de Doña Nancy recogido y difundido por la usuaria Amanda Páez.

“Madre espera la cabeza de su hijo asesinado en la peni” es el titular macabro de una publicación colgada en la mencionada red y que asalta y hiere le vista por su destacado tamaño, mientras otro mensaje muestra el testimonio de un desolado padre que perdió a tres de sus cuatro hijos en la violenta masacre del martes 28 de septiembre en la ex Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde murieron 118  reclusos, varios de ellos degollados, descuartizados y quemados.

Muchos de los asesinados no tenían por qué haber estado en medio de ese infierno, varios como Leonardo González ya cumplieron su condena, pero la corrupta y criminal actitud de burócratas indolentes lo impidió; otros fueron depositados allí por delitos menores, contravenciones, deudas de alimentos, prisión preventiva y otras bagatelas arguídas por somnolientos e incompetentes jueces que no hacen un balance humano del espíritu de la ley. Y, ahora, quién o quiénes responden por tanta indolencia.

Preocupa que con la declaración de un estado de excepción el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ya se esté desentendiendo del problema, cuando todas las cárceles del país ya están tomadas por el crimen organizado y el control  no asoma por ninguna parte, la mañana de este miércoles una riña entre internos de la cárcel de Quevedo puso en alerta a las fuerzas de seguridad.

Frente a esta grave situación, la Alianza Contra las Prisiones exteriorizó en un comunicado su preocupación respecto a  “cómo la narrativa estatal oscurece la verdad y mantiene a la ciudadanía en un estado de confusión y perplejidad frente a la repetición sucesiva de hechos violentos. Denunciamos el reduccionismo del discurso oficial cuando presenta un cuadro de “Estado Vs. Crimen Organizado”, dicotomía simplista que esconde el papel del propio gobierno y sus agencias en la producción y agravamiento de la violencia. Al mismo tiempo, este encuadre contribuye a la deshumanización de las personas encarceladas y su etiquetamiento como enemigas de la comunidad”.

Vea el documento completo.

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