Continúa la controversia respecto a ordenanza de la Prefectura sobre soberanía alimentaria

Representantes de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), dan a conocer sus criterios

Representantes de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), dan a conocer sus criterios

Mientras la Sala Única del Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo negó por improcedente la petición de medidas cautelares contra la “Ordenanza que establece la Política Pública y el Modelo de Régimen de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y el Desarrollo Productivo Local en la Provincia del Azuay, en función del Sistema Nacional de Competencias Establecidas en la Constitución de la República y la Ley”, la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA) se sumó a los pedidos de inconstitucionalidad de esta norma promulgada por el Gobierno Provincial del Azuay.

El jueves de la semana anterior, representantes de varias organizaciones como las cámaras de la producción y el Colegio de Abogados del Azuay, presentaron una acción de medidas cautelares para suspender los efectos jurídicos de la ordenanza, señalando que es inconstitucional y no está dentro de las competencias de la Prefectura.

Pero a día seguido, la Sala de lo Contencioso inadmitió la petición considerando que la Corte Constitucional es la que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la referida ordenanza.

Además la normativa fue debidamente aprobada por la Cámara Provincial y está publicada en el Registro Oficial Nro. 51 el 4 de agosto del 2017 y en la gaceta Oficial Nro. 14, Año 7, del mes de julio del 2017, coligiéndose  que la misma cumplió en su formación y aprobación con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico provincial, señala la resolución.

Lista de quienes votaron a favor de la ordenanza

De su parte, la presidente de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), Ruth Caldas, cuestionó la ordenanza y pidió de manera formal al prefecto Paúl Carrasco que, como presidente de la Cámara Provincial, convoque al organismo para analizar detenidamente la pertinencia de la promulgación de la norma, que se apega más bien a los lineamientos de un impuesto cuya propuesta es competencia exclusiva del Gobierno Nacional para su aprobación por parte de  la Asamblea Nacional.

Tenemos una ordenanza que adolece de elementos legales y constitucionales, en este sentido el camino planteado por la Asamblea General de la AMA es que se formalice el pedido al prefecto y si no da respuesta positivas sumarnos a las medidas planteadas por otros sectores de la sociedad civil, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, insistió la presidente de esa organización.

Añadió que en este pedido no hay ningún ánimo de mezquindad ni intencionalidad política pues son voces desde distintas tendencias. Esperamos que las voces puedan ser consideradas en el debate que eventualmente tendría que convocar el prefecto, dijo.

Aclaró que al municipalismo le preocupa cuáles son los rubros que habrá que cancelar como sector público, dado que la ordenanza prevé la imposición de valores para los sectores público, privado, personas naturales y jurídicas, en función de los productos o servicios que se comercialicen.

En el caso del GAD municipal de Cuenca, las empresas públicas comercializan productos y servicios que no tienen fines de lucro pero sí costos establecidos, otros municipios tienen servicios directos como el agua potable, alcantarillado, recolección de basura, que incidirán en la recaudación hacia los ciudadanos.

En esta línea se pronunciaron la alcaldesa de Nabón, Magaly Quezada; el alcalde de San Fernando, Marco Peña; el alcalde de Chordeleg, Jorge Coello; y el concejal de El Pan, Fernando Mora, a nombre del alcalde Wilson Ramírez.

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