Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abre convocatoria para fiscalizar los decretos presidenciales

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador, un ente autónomo de fiscalización, convocó el miércoles 24 de mayo a una Veeduría Ciudadana «para vigilar» los decretos que emita el presidente Guillermo Lasso hasta que concluya su mandato, a fines de 2023.

El pleno del Cpccs tomó la decisión «con base en el mandato constitucional que determina que la ciudadanía es el primer fiscalizador de lo público en ejercicio de su derecho de participación», según un comunicado de prensa difundido en Twitter, divulgó la Agencia Sputnik.

La Veeduría Ciudadana deberá entregar informes parciales al término de 10 días de la publicación de los decretos presidenciales en el Registro Oficial y un informe final, según lo dispone el Reglamento General de Veedurías.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformará Veeduría para vigilar los decretos ley emitidos por el presidente de la República pic.twitter.com/X1Bv0Verav

— Participa Ecuador (@CpccsEc) May 24, 2023

Con la firma el pasado 17 de mayo del decreto ejecutivo 471, el presidente Lasso activó el artículo 148 de la Constitución vigente (2008) referido a la muerte cruzada, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y ordenó convocar a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas por grave conmoción interna y crisis política.

A partir de ese momento, el mandatario está facultado para emitir decretoshasta que sean posesionadas las nuevas autoridades del país que sean elegidas en agosto próximo.

Hasta la fecha el jefe de Estado envió dos proyectos de ley a la Corte Constitucional, una reforma tributaria, y otro para dar paso a la creación de zonas francas por parte de la iniciativa privada.

El pasado miércoles, el secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), Wagner Bravo, anunció que está listo para su firma otro decreto que contiene el reglamento para la aplicación de la ley sobre el uso legítimo de la fuerza que deberán tomar en cuenta la Policía y Fuerzas Armadas en el enfrentamiento a la delincuencia organizada.