Consejo de la Judicatura inicia sumarios disciplinarios contra una jueza de Cotopaxi y tres jueces de Guayas.

El Consejo de la Judicatura permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), resolvió dar paso al inicio de sumarios disciplinarios contra la jueza de la Unidad Penal de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga,  Alzira Beatriz Benítez Telles, y contra los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas Eduardo Alfonso Ordeñana Romero, Gabriel Jama Velasco y Martha Georgina Sánchez Castro.

En el caso de la jueza Benítez, el Consejo de la Judicatura resolvió iniciar el sumario administrativo, por las actuaciones de la referida servidora dentro del pedido de prelibertad a favor del señor Jorge Luis Zambrano González, quien tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 20 años, por el delito de asesinato. En la actualidad, el procesado únicamente ha cumplido una condena de seis años.

Al actuar de esta forma, la jueza habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia y dolo, conductas que se encuentran previstas como infracciones disciplinarias, en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En cuanto a los jueces Ordeñana, Jama y Sánchez, el sumario disciplinario se inicia porque los mencionados administradores de justicia evidenciaron un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantía jurisdiccionales.

Con esta actuación, habrían incurrido en las infracciones disciplinarias contenidas en los numerales 8 del artículo 108 y 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo habrían vulnerado los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador e incurrido en manifiesta negligencia.

En el caso del juez Ordeñana Romero, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se inició una investigación por su actuación en el proceso judicial que se sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos, durante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de COVID-19. En esta causa está involucrado el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales.

Pese a que durante la respectiva audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado, solicitó la prisión preventiva del mencionado funcionario público, el juez Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas; actuación judicial que causó indignación en la ciudadanía.

Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

El Consejo de la Judicatura permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial y ejercerá su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en aquellos casos en los que se compruebe una inadecuada actuación por parte de los funcionarios judiciales, especialmente en los procesos de investigaciones penales, por actos de corrupción y delincuencia organizada

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