Consejo de la Judicatura entrega oficina a Veeduría Ciudadana y socializa proceso de evaluación a fiscales.

Quienes no obtengan ese puntaje, serán evaluados nuevamente en un lapso de tres meses.

El Consejo de la Judicatura (CJ) entregó, este miércoles 23 de septiembre de 2020, una oficina a las y los veedores ciudadanos que observarán y vigilarán el proceso de evaluación a las y los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado.

La oficina para la Veeduría Ciudadana está ubicada en el edificio matriz del CJ, en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, en Quito y en la ceremonia de entrega estuvieron presentes la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro, Jorge Moreno y el Director General, Pedro Crespo.

En su intervención, la doctora Maldonado, recordó que el marco constitucional y legal vigente en el país faculta a la Judicatura a realizar no solo procesos de evaluación, sino de designación y ascensos de las y los servidores judiciales y que en ese contexto, se cumple con este proceso que tiene como fin el fortalecimiento del servicio judicial.

“La evaluación es uno de los mecanismos para mejorar. Ningún proceso de evaluación realizado por este Consejo de la Judicatura tendrá otro objetivo que no sea el mejoramiento del servicio. El objetivo mayor es el usuario, las y los ciudadanos que acuden en búsqueda de la tutela de sus derechos”, señaló.

La doctora Maldonado recordó que uno de los principales ejes de trabajo del Consejo de la Judicatura es la transparencia y que en este marco, promueve la total apertura al control social que permite avanzar hacia la consolidación de un Estado democrático.

“Este no es un acto simbólico sino un acto real. Estamos dispuestos a proporcionar a la Veeduría la información que requiera sin que esto signifique que pueda tener alguna injerencia en el proceso”, afirmó.

El Director General del Consejo de la Judicatura, Dr. Pedro Crespo, entregó a los representantes de la Veeduría las llaves de la oficina y la documentación relacionada con los avances del proceso. En su intervención ratificó el compromiso de la institución para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en la Función Judicial. Señaló que una de las herramientas fundamentales para alcanzar este propósito es la evaluación de las y los servidores judiciales.

SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Posterior a la entrega de la oficina para la Veeduría, se desarrolló una reunión de Socialización de los avances del proceso de evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales de  adolescentes infractores y fiscales provinciales a nivel nacional

La vocal del Consejo de la Judicatura, Dra. Maribel Barreno, explicó cómo inició este proceso ejecutado entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, además de las decisiones adoptadas por el Pleno de la institución.

Entre otros aspectos explicó que la evaluación se desarrollará con base en criterios de legitimidad y transparencia y que se aplicarán parámetros técnicos cualitativos y cuantitativos.

Asimismo, el doctor Pedro Crespo realizó la presentación del Reglamento de Evaluación de Desempeño y de Productividad de Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales Provinciales.

En esta misma línea, la Directora Nacional de Talento Humano, ingeniera Margoth Astudillo, efectuó una exposición del contenido del mencionado Reglamento y explicó que los servidores de la Fiscalía General del Estado evaluados deberán alcanzar una calificación mínima de 80 sobre 100 puntos.

Quienes no obtengan ese puntaje, serán evaluados nuevamente en un lapso de tres meses. Luego de la segunda evaluación, quienes no alcancen el puntaje requerido, serán removidos de su cargo, conforme lo determina el artículo 122 de Código Orgánico de la Función Judicial.

La abogada María Catalina Curillo, Coordinadora de la Veeduría Ciudadana, informó que a nivel nacional son 46 juristas y delegados de las universidades más representativas del país, los que vigilarán el desarrollo del proceso de evaluación.

Indicó que los veedores cumplirán su labor amparados en la Constitución y la ley, y que su objetivo es garantizar la participación y vigilancia ciudadana en un marco de transparencia e independencia.

“Estamos conscientes de que este es un proceso complejo, pero se cumplirá un trabajo objetivo en coordinación estricta con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado”, subrayó.

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