En la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, representantes del Consejo de Comunidades Rurales y Urbanas del Azuay mostraron su preocupación frente a la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, así como del nuevo parque industrial en Cuenca, por lo que solicitaron que los parlamentarios realicen visitas a estos proyectos. La mesa legislativa se comprometió a elaborar un cronograma de trabajo en territorio para dar atención a las demandas ciudadanas, informó la Asamblea.
Mario Farez, representante del citado Consejo, recordó que el pasado 27 de septiembre se conformó el Parlamento Plurinacional que lo integran organizaciones de comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y sectores de la ciudad, cuyo objetivo es velar por la defensa de los derechos humanos.
Frente a los potenciales problemas de contaminación de ríos y medio ambiente, producto de la construcción de la hidroeléctrica y el nuevo parque industrial en Azuay, Fárez pidió se respete el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, sobre la consulta previa, libre e informada en planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Sonia Otavalo, coordinadora de comunidades ancestrales, señaló que la construcción del proyecto hidroeléctrico nace en la base del río Yanuncay, lo cual provocará serios inconvenientes a las comunidades ubicadas en ese sector. Solicitó una visita in situ antes de que se genere enfrentamientos y la respectiva consulta para que el pueblo decida. Además, pidió investigar a ElecAustro y los permisos de medio ambiente que se les ha otorgado para iniciar los trabajos en octubre de 2021.
Yessica Pushi, en representación de los moradores la parroquia Hermano Miguel, señaló que en Cuenca se están aprobando proyectos contra la naturaleza y el bienestar de los ciudadanos, afectando ríos de la localidad. Advirtió que la construcción del nuevo parque industrial a orillas del río Machángara afecta las áreas verdes.
Dijo que todo proceso necesita previamente una consulta y socialización, caso contrario, se estaría violando sus derechos humanos y espacios donde conviven familias enteras. En cambio, Erika Lojano, de 19 años de edad, de la comunidad La Inmaculada, dijo que las hidroeléctricas harán daño a las comunidades. Señaló que en ningún momento se les consultó sobre la construcción de este proyecto.
Por su parte, el asambleísta Mario Ruiz expresó que el daño medio ambiental es a nivel nacional, provocado por las concesiones mineras y petroleras. Han existido varias denuncias de comunidades y pueblos que mencionan que no han sido consultados cuando se afectan sus derechos colectivos y humanos. Destacó que el Consejo de Administración Legislativa resolvió crear una Comisión Ocasional para que revise el otorgamiento de concesiones mineras y petroleras y de los contratos suscritos por el Estado y su impacto ambiental.
El parlamentario Jhonny Tapia agradeció a la Comisión de Garantías Constitucionales por escuchar la problemática que enfrentan las comunas, comunidades, sectores agrícolas y ganaderos de Azuay, con la contaminación de ríos.
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