Comisión inició proceso de fiscalización en la obtención de carnés de discapacidad.

De los 2920 carnés, 1175 se emitieron en marzo. Además, 2652 se registraron como nuevas calificaciones.

En cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión del Derecho a la Salud inició el proceso de fiscalización, en el marco de las denuncias, sobre la entrega irregular de carnés de discapacidades y los procesos de contratación en establecimientos de salud. William Garzón, presidente del organismo legislativo, recalcó el compromiso de entregar al país información que atienda las dudas respecto a los derechos de este grupo vulnerable.

En esta primera jornada, se obtuvo información del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis); la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública; y, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, relacionada con el registro nacional de personas con discapacidad; trámite y requisitos para obtener los carnés y las veedurías ciudadanas para vigilar los procesos de contratación pública.

Xavier Torres Correa, presidente del Conadis, recalcó que la calificación, recalificación y acreditación de las personas con discapacidad está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), de acuerdo con la Ley de Discapacidades; así como de la administración del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, cuya información consta en la Dinardap, y su base de datos fue actualizada el 17 de julio de 2020.

Sostuvo que transfirieron al MSP cerca de 43 mil carnés con numeración, así como los equipos calificadores y maquinaria técnica para la impresión del documento. Muchos de los carnés expedidos por el MSP tienen fecha de caducidad y cerca de 172 mil emitidos por el Conadis están vigentes. El último dato del Registro Nacional de Personas con Discapacidad arroja que existen 481 392 personas con esta condición en el país, la mayoría está en el rango de 36 a 64 años.

Torres expuso información sobre los carnés de discapacidad irregulares, emitidos durante la emergencia sanitaria. De los 2920 carnés, 1175 se emitieron en marzo. Además, 2652 se registraron como nuevas calificaciones. Sugirió restituir que los equipos auditores puedan exigir la recalificación a una persona con discapacidad, bajo petición del Ministerio de Salud.

Por último dijo, que están colaborando y han puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación necesaria para las investigaciones. Además, recomendaron al Ministerio de Salud para realizar una mejora a su sistema informático de registro.

Los legisladores expresaron inquietudes sobre las acciones que se tomarán para enfrentar las irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad y sancionar a los responsables de los actos de corrupción, auditoría urgente a la entrega de carnés, capacitación de los funcionarios para calificar y no cometer errores; y, sobre los parámetros para determinar el porcentaje de discapacidad.

Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), recordó que, el 22 de abril de 2020, se aprobó el reglamento de veeduría ciudadana, en estado de excepción, que les ha permitido tener una optimización de los recursos.

En lo que va del año, respecto a los centros de salud, han hecho cerca de 10 veedurías ciudadanas; recibieron siete peticiones de formar veedurías ciudadanas para vigilar el proceso de entrega de carnés de discapacidad a nivel nacional. El 20 de julio cerró las inscripciones, con un reporte de 100 ciudadanos calificados como veedores ciudadanos para ser parte del proceso de transparencia, lo que indica que cada día, más personas se unen a la lucha contra la corrupción.

Indicó que el 24 de junio, el Pleno del Cpccs resolvió iniciar la investigación integral respecto a las denuncias sobre laa presunta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad.

Por último, Lisset Tapia Yánez, directora Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, explicó el trámite y los requisitos que deben cumplir los ciudadanos residentes en el territorio ecuatoriano para calificarse como personas con discapacidad y acceder al carné respectivo.

Tapia indicó que en el proceso de la carnetización hay demora en la obtención de los certificados médicos que acrediten la condición de discapacidad, debido a que existe un reducido número de especialistas, evidenció que 22 profesionales han emitido alrededor de 30 mil carnés de discapacidad. Tienen identificados 2454 carnés fraudulentos que están en proceso de anulación, incluidos los 210 entregados en la emergencia sanitaria.

De acuerdo a la funcionaria, al momento no se puede hacer una calificación, ni recalificación, no pueden ingresar al sistema porque está bloqueado. A la fecha, han actualizado los expedientes de casos que generaron alerta, revisaron la totalidad de los carnés emitidos durante la emergencia y continúan con un control de análisis de los expedientes desde mayo.

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