El Colegio de Contadores Públicos del Azuay se hizo eco del clamor de los pequeños emprendedores afectados por la mal llamada “ley de microempresas” y anunció que exigirá la declaratoria de inconstitucionalidad porque está destrozando los sueños de quienes hacen enormes esfuerzos por superar la devastación del Covid-19 a sus economías.
Juan Carlos Arias, representante del gremio, precisó que el cobro del 2% sobre el total de las ventas brutas, sin considerar los costos y gastos de inversión, pronto obligará el cierre de los pequeños negocios porque inevitablemente se afecta su liquidez.
Es irracional que esto ocurra porque el paro de octubre de 2019 y la pandemia de todo 2020 han golpeado de manera significativa todas las actividades comerciales y hoy el gobierno aumenta las pérdidas de los emprendedores con un impuesto adicional que es ilegal, sostuvo el dirigente gremial.
En este sentido plantean la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley “debido a que viola y violenta muchos derechos que la Constitución nos está garantizando”, subrayó Arias.
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