CNE ignoró las amenazas de cuestionado “contralor” Pablo Celi

CNE ignoró las amenazas de cuestionado “contralor” Pablo Celi

 

Restando importancia a la disposición del cuestionado “contralor” Pablo Celi para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) elimine de sus registros a cuatro organizaciones políticas, en su reunió de la noche del viernes 19 de junio el organismo ignoró la amenaza sin siquiera mencionarla y cerró el registro para las elecciones de febrero de 2021.

Refiriéndose a un incumplimiento de las recomendaciones del ente contralor, Celi urgió este viernes la eliminación de Compromiso Social, del expresidente Rafael Correa; Justicia Social, de Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez; Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del Presidente; y Juntos Podemos, del exprefecto azuayo, Paúl Carrasco.

Anoche el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ratificó la vigencia legal de las organizaciones y la mañana de este sábado reconfirmó lo dicho.

Nadie puede entrometerse

En torno al caso, el expresidente del CNE, Omar Simon, aclaró en su cuenta de Twitter que solo los Órganos de la Función Electoral tienen “competencia privativa” para resolver todo lo concerniente a la aplicación del Código de la Democracia (CD).

Nadie puede resolver nada que no tenga que ver con las competencias constitucionales y legales del CNE o el TCE. La inscripción de las organizaciones políticas (OP) es competencia exclusiva del CNE, sus resoluciones se ejecutan una vez aprobadas y solo pueden ser revisadas en la misma o en la siguiente sesión

Sobre la resolución de inscripción de una OP procede el recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el mismo que se puede presentar 3 días después de la notificación de la resolución de inscripción.

Las causales de extinción de una OP se establecen en el art. 328 del CD y ninguna puede ser aplicada, peor 6 años después de la inscripción, con dos procesos electorales de por medio y menos aún por una recomendación de la Contraloría.

Ninguna resolución o acto administrativo de una autoridad pública puede estar por sobre la Constitución y la ley, ni puede afectar competencias exclusivas de las instituciones públicas. (Art 424 de la Constitución).

Las OP no fueron notificadas con el examen de Contraloría ni sus resultados o recomendaciones, no fueron parte del examen, por ende no pueden ser “sancionadas”, no se cumple el derecho constitucional del debido proceso ni derecho a la defensa.

Según el informe de la Contraloría a las 4 OP que recomienda eliminar, les habría faltado entre 9 mil y 20 mil respaldos válidos, el art. 328 del CD establece que si una organización no cumple con todos los requisitos para la inscripción tiene el plazo de 1 año para completarlos,

El CNE debe defender la institucionalidad de la función electoral y rechazar un acto claramente atentatorio contra su autonomía, contrario a los derechos de participación y que interfiere con el proceso electoral próximo.

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