Cinco años de cárcel es la sentencia en caso de falsificación de medicinas

Con carteles en mano varios ciudadanos acudieron a la Delegación Judicial reclamando sanciones ejemplares.

Con carteles en mano varios ciudadanos acudieron a la Delegación Judicial reclamando sanciones ejemplares.

A cinco años de cárcel y el pago de una multa de 12 salarios mínimo vitales (4.728 dólares) sentenció el Tribunal Penal del Azuay la tarde de este martes 8 de enero a Andrés Omar Vázquez, gerente de la empresa farmacéutica Medivesa por el delito de faslificación y venta de medicinas caducadas y falsificadas. María Isabel T., socia minoritaria de la empresa, fue declarada inocente.

La sentencia se completó con la orden de destrucción de las medicinas incautadas, el rastreo de esos fármacos en las boticas del Austro Ecuatoriano, la entrega a ARCSA de las máquinas confiscadas, la publicación de la sentencia en los medios de comunicación y la implementación de una campaña de concientización  sobre el tema por parte del Ministerio de Salud.

El proceso penal se ventila desde el 25 de julio de 2017 cuando por una serie de indagaciones previas, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (ARCSA) desplegaron el operativo Fortaleza 23 que incautó en una edificación del sector San Miguel de Putushí, parroquia Sayausí, Azuay, 18 toneladas de medicamentos caducados y adulterados, y detuvo a nueve personas.

Tras el desarrollo del juicio, el Tribunal Penal leyó esta tarde, durante aproximadamente 40 minutos, los argumentos que condujeron a la sentencia.

En esencia los jueces concluyeron que se trató de un “delito de dolo” porque se comprobó la “falsificación” de más de 40 fármacos que habían caducado desde el 2001, pero se les quitaba las etiquetas y se les reemplazaba por otras con la nueva fecha de caducidad, para su comercialización en las provincias de Azuay, Cañar, Loja y El Oro. Se detectó inclusive medicamentos para niños.

En el laboratorio clandestino se encontraron además de las medicinas, balanzas y 7 máquinas para la producción de fármacos, según la sentencia pedida por la Fiscalía y la acusación particular, lo que comprueba el delito.

Felipe Rodríguez, abogado de la acusación particular del Ministerio de Salud.

Felipe Rodríguez Moreno, abogado de la acusación particular del Ministerio de Salud, expresó que a nivel nacional pocas veces se ha visto un caso con tantas pruebas contundentes que han logrado establecer “con absoluta claridad no solo la responsabilidad del condenado sino la existencia del caso de incautación del medicamento caducado y falsificado más grande no solo en la historia del Ecuador sino de América Latina”.

Juan Carlos Salazar, abogado defensor del sentenciado indicó que presentará la apelación a la instancia superior.

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