El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y el Consejo de la Judicatura

 

Por Marco Machado

machadoiuris@yahoo.es

 

La consulta popular arrojó como uno de los resultados la aceptación de que se reconstituya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sustituyendo a los actuales miembros con ciudadanos de reconocida probidad y sin vínculos políticos partidistas.

El CPCCS Transitorio cumplirá de inmediato tareas de enorme trascendencia: la tarea explícita de evaluar el desempeño de los funcionarios que se eligieron con la intervención del anterior Consejo y decidir, si es el caso, su cesación y sustitución; así como las tareas generales previamente atribuidas por la Constitución y la ley, entre ellas las de garantizar la participación ciudadana y el control social del poder político, virtualmente desatendidas por el Consejo original.

¿Cómo debiera, el consejo transitorio, cumplir eficazmente las tareas entregadas por voluntad popular?

Lo primero que se advierte es que debe cumplir con la ley, atendiendo a que ella es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. La primera y más obvia fuente aplicable es la Constitución y los principios que ella proclama.

Los principios, como se dice en doctrina, son enunciados generales y abstractos de contenido filosófico, ideológico, axiológico o deontológico que configuran aspiraciones sociales ideales para la convivencia en común. Aparecen profusamente en las constituciones pero también se enuncian –tal la tendencia actual- entre los primeros artículos de las leyes, precisamente para ilustrar acerca de su recto entendimiento y guiar su adecuada aplicación. Los principios se aplican en ausencia o insuficiencia de ley e, incluso, en caso de antinomia.

El ejercicio del poder público se enmarca en muchos y variados principios, entre los cuales el de juridicidad, control y responsabilidad. El primero trata de la sujeción de los órganos y de los funcionarios a las normas establecidas por la Constitución y la ley, les señala el camino a seguir y les confiere según esas mismas fuentes determinadas atribuciones. Evita el abuso y la discrecionalidad, garantiza a la vez los derechos ciudadanos y brinda seguridad jurídica.

Pero, por sobre todo, señala los fines que deben obtenerse con el ejercicio de esas atribuciones públicas: los fines propios de la institución en particular, y los altos fines del Estado, que no son otros que el goce efectivo de los derechos garantizados por la Constitución. Una lectura pausada y comprensiva del artículo 226 conduce a esta conclusión. En ambos casos, por cierto, el ejercicio de competencias debe hacerse en coordinación con otros organismos públicos vinculados a tareas similares.

Pues, bien.

El CPCCS, de acuerdo con las atribuciones constitucionales señaladas por el artículo 208, designó al Procurador General del Estado y a los superintendentes, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, al Fiscal General y al Contralor General del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura; este último con atribución de designar, a su vez, a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (artículo 183). Los magistrados de la Corte Constitucional, por su parte, tienen otro órgano elector integrado por delegados de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social (artículo 434)

La tarea del CPCCS transitorio consistirá, por tanto, en evaluar el cumplimiento de los fines institucionales y estatales atribuidos a todos los funcionarios que designó en su momento el Consejo anterior.

Tomemos el caso del Consejo de la Judicatura y examinemos, a la luz de los principios constitucionales, si ha cumplido a cabalidad las atribuciones que le confiere el artículo 181: mejorar y modernizar el sistema judicial, conocer y aprobar el presupuesto de la función judicial, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores judiciales, administrar la carrera judicial y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial, así como “velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial”.

Tales los fines institucionales, que el propio Consejo de la Judicatura ha estimado y presentado como cumplidos a título de que, conforme la Constitución (artículo 178) “es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”. Es más, el Consejo ha dicho que su tarea se ha convertido en ejemplo de organización judicial para América Latina.

Asumamos, para efectos de análisis que –unas más, otras menos- se encuentran cumplidas las tareas institucionales. Ahora veamos si, con esa labor, se han cumplido los fines constitucionales.

La Constitución proclama al nuestro como Estado Constitucional de Derechos y Justicia (artículo 1), cuyo más alto deber consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados por la propia Carta (artículo 11, numeral 9) a favor de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos y a favor de la Naturaleza (artículo 10).

El poder público está sometido a la ley y constreñido por ella, de manera que su conducta es exigible en términos éticos, políticos y jurídicos. Pero es harto frecuente que desborde esos límites o que defraude la ley precisamente en desmedro o vulneración de derechos (lo que la doctrina llama exceso de poder y desviación de poder), vicios que podrían señalarse –incluso remediarse- poniendo en marcha los mecanismos de juridicidad, control y responsabilidad que hacen un Estado de Derecho.

Hay controles de todo tipo: el social y el político, a cargo de los ciudadanos y sus legítimos representantes ubicados en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el constitucional a cargo de la Corte de la materia y de los jueces de garantías constitucionales; el de legalidad y recursos públicos, a cargo de la Procuraduría y Contraloría General del Estado, de los tribunales de lo contencioso fiscal y tributario y contencioso administrativo y, en su momento, de la Corte Nacional de Justicia.

Es muy notorio que el más autorizado contralor del poder público es el juez, cuyo contrapeso y rol político se encuentra claramente definido por la Constitución, debido a que su potestad de administrar justicia emana del pueblo (tal como reza la frase sacramental que acompaña las sentencias). La Constitución le garantiza independencia interna y externa (artículo 168 numeral 1) y, con ello, imparcialidad, no como un privilegio del juez, sino como garantía del ciudadano, para evitar que éste busque hacer justicia por mano propia.

El amparo, tutela o protección judicial garantizado por la Carta (artículo 75) reporta –como verdadero principio- el derecho de acceso a la jurisdicción, de recibir respuesta efectiva, imparcial y expedita de derechos e intereses de las personas y de debida ejecución del fallo judicial.

La tutela judicial efectiva es la mejor y mayor concreción del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Su puesta en marcha se somete a las normas (principios y reglas) del debido proceso como “medio para la realización de la justicia” (artículo 169) que cuenta con jueces competentes (que saben cómo hacerlo), que reconoce la igualdad de los justiciables y que termina por garantizar  la seguridad jurídica.

¿Consiguió estos altos fines estatales el Consejo de la Judicatura?

El Procurador General del Estado dijo, en declaraciones públicas en la revista Vistazo, que el Estado había pasado a ganar el ochenta por ciento de juicios debido a un “mejor control” (¿de qué, de quién, a través de qué mecanismos?) revertiendo, añadimos, la tendencia contraria.

Un oficio de un funcionario de tercera categoría del Consejo de la Judicatura frenó en su momento la aceptación judicial de acciones de protección contra actos del poder público a título de que no podían procesarse reclamaciones de “mera legalidad” sino con riesgo de sanciones disciplinarias.

El asesor jurídico de la Presidencia de la República se presentó ante el tribunal contencioso administrativo de Manabí, sin ser parte procesal, para anunciar sanciones en caso que se acepten demandas de pago de saldos de jubilaciones docentes por un monto de alrededor de diez millones de dólares (monto similar al que ahora se ha señalado como aprovechado ilícitamente por el ex Contralor General del Estado). El escrito de marras se expidió con copia al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Ésta “corrió traslado” de su contenido, sin que ni ella ni el Consejo de la Judicatura defendieran la independencia judicial.

Los ejemplos abundan, son de conocimiento público, no hace falta entrar en la casuística.

¿Cumplió el Consejo de la Judicatura con su obligación constitucional de velar por la transparencia y eficiencia judicial?

La transparencia es una cualidad física que permite ver a través de un objeto que se cruza en la visión y la eficiencia tiene que ver con el empleo de medios adecuados a la obtención de los fines establecidos para el caso. En el campo ético llevará a apreciar que la gestión o la conducta que se examina se ajustan a los principios y cumple los fines que debe cumplir.

La Constitución manda dar privilegiada atención presupuestaria al servicio público judicial (artículo 286), lo cual se ha traducido en la construcción de complejos judiciales a lo largo y ancho del país, en la dotación de otros recursos físicos y tecnológicos (operaciones que aún esperan auditorías imparciales) y en una que otra capacitación de servidores judiciales.

Es cierto que hay espacio físico más o menos adecuado. No es menos cierto que hay significativos avances en atención y respuesta más o menos aceptable de casos civiles y de familia, laborales, mercantiles, de inquilinato y similares. Pero también es cierto que la administración de justicia no controló con independencia y eficacia los abusos del poder público.

No de otra manera se explica que el ciudadano víctima de tales abusos espere que se le haga justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en otro escenario internacional.

Si la labor del Consejo de la Judicatura hubiese cumplido los altos fines del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, si hubiese atendido responsablemente su deber de velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, el resultado debió ser éste: un menor número de impugnaciones de los justiciables contra la providencia o el fallo (revocatorias, nulidades, apelaciones, casaciones), como signo de aceptación del poder legítimamente persuasivo y educador del pronunciamiento judicial.

Lo lamentable es que el Consejo ha presentado periódica y públicamente, como supuesta evidencia de lo eficaz de su labor, el número de jueces sancionados: algo así como trescientos jueces destituidos y otros cientos de suspendidos y multados.

El transitorio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene mucho que hacer al auditar tan penosos resultados.

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