Capacitación para aplicar Ley contra la violencia a la mujer.

Inició en Cuenca el proceso formativo para la aplicación de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El primer módulo del proceso formativo para la aplicación de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres inició este 8 de noviembre, dirigido a los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos y funcionarios de las tenencias políticas de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es parte de la coordinación interinstitucional; junto al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y al Consejo de la Judicatura han logrado consolidar este proceso de capacitación a través de actividades que apuntan a reducir las inequidades en las relaciones de género y promueven un cambio en los patrones culturales.

“Este esfuerzo mancomunado apuesta a instalar capacidades en los miembros de los organismos del sistema de protección de derechos para deconstruir patrones socioculturales y estereotipos de discriminación, exclusión y re victimización al momento de dictar medidas de protección”, explicó María José Machado, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca.

Fernando Sánchez, asesor del MIES, destacó el compromiso del ministerio en el fortalecimiento del sistema nacional de protección de derechos; además, informó sobre el financiamiento de siete millones de dólares gestionados ante el BID que permitirán cumplir con el objetivo de contar con un sistema eficiente, organizado y articulado que permita la prevención de la violencia, su atención y avance hacia la restitución de derechos.

La capacitación tiene el aval académico de la Universidad de Cuenca, que luego de cuatro meses de formación, otorgará un certificado. William Ortíz, decano de la Facultad de Psicología se refirió a la participación de la academia como una responsabilidad social de las instituciones para intervenir en y promover el cambio.

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