Cámara de Industrias, producción y empleo emite su posición ante medidas económicas.

edificio de la Cámara de Industrias de Cuenca.

La CIPEM, “Cámara de Industrias, producción y empleo”, como miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano, se adhiere al comunicado general publicado el sábado 11 de abril de 2020, al tiempo que hace pública su posición como representantes del sector productivo de Cuenca y el Azuay.

La pandemia del COVID-19 ha desencadenado una grave situación sanitaria, social y económica mundial, cuyos efectos se están haciendo sentir en nuestro país y se irán agravando más y más en los días y semanas por venir. Esta negativa y crítica situación se ha visto incrementada por la deplorable condición del Estado, el cual presenta una debilidad generalizada y unas finanzas públicas carentes de todo recurso, resultado de las fatales y nocivas políticas económicas implementadas principalmente, durante el gobierno anterior.

Como siempre ha sido su responsabilidad, en esta crítica situación social y económica, el aparato productivo nacional privado, que es el mayor generador de empleo del país, pese a encontrarse paralizado, ha cumplido con sus obligaciones laborales y tributarias, aún cuando su liquidez es muy reducida y la carga de tributos se incrementó nuevamente a fines del año pasado.

Somos conscientes que las finanzas públicas del Ecuador son deficitarias, que por más de una década el Gobierno consumió todas las reservas y que ahora que estamos en crisis, a diferencia de lo que ocurre en más de 70 países en los que los gobiernos entregan directamente recursos a la ciudadanía y al sector privado para que resurjan y se rehabiliten, en el Ecuador, dependemos solo de nuestro propio esfuerzo y, lo que es peor, nos toca a nosotros asumir la carencia estatal y más de doce años de dispendio ilimitado.

Por ello, consideramos que AHORA ES EL MOMENTO en que el Estado, es decir, todo el sector público nacional, incluyendo al Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas y los entes autónomos, asuman su responsabilidad irrenunciable de reducir su tamaño, evitar el despilfarro, entrar en un inmediato programa de austeridad y disminuir el gasto público. En suma, HOY es indispensable que el Estado REDUZCA SU TAMAÑO. El Ecuador no puede seguir alimentando un sector púbico obeso, que vive a costilla del esfuerzo de la ciudadanía.

 PROPUESTA
Estamos de acuerdo en que todos debemos ser parte de la solución a la lacerante realidad que nos ha tocado vivir como resultado de la pandemia. Sin embargo, consideramos que, esta vez, la respuesta y el esfuerzo deben provenir PRINCIPALMENTE desde el Gobierno Nacional y todos los entes públicos. No es justo ni responsable que, en las actuales circunstancias, la mayor parte del esfuerzo y contribución se lo asigne a la ciudadanía y al sector privado.

1. CARGA COMPARTIDA FRENTE A LA CRISIS.
La ciudadanía y el sector privado ya estamos asumiendo una carga tributaria con uno de los mayores niveles de presión de América Latina y requerimos de la poca liquidez que nos queda, para resurgir. No obstante, estaríamos dispuestos, sin estar de acuerdo, en asumir las importantes contribuciones planteadas en el proyecto de ley, SIEMPRE y CUANDO en dicho proyecto se incorporen las propuestas señaladas en este comunicado y que recogen el sentir del aparato productivo nacional.

2. NO MÁS IMPUESTOS.
Conscientes de que, sobre todo ahora, debemos mantener los empleos, el camino que le corresponde al Sector Publico es REDUCIR su masa salarial enun porcentaje de al menos 20%. Esta reducción debe incluir a todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales y entes autónomos y EXCLUIR a los servidores públicos cuyo ingreso sea de hasta dos veces la remuneración básica unificada, así como a todos los sectores de salud, emergencia y seguridad, ya que en la actualidad son los que más inversión necesitan. En el caso del IESS, se excluirá solamente al personal encargado directamente de la prestación de servicios médicos y hospitalarios.

3. REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA.
Es indispensable que el ahorro empiece “casa adentro”. El Sector Público a todo nivel, incluidas las Empresas Públicas, debe ELIMINAR por un período mínimo de tres años todas las partidas presupuestarias que permitan el
destino de recursos públicos hacia gastos de publicidad, apoyo a partidos políticos, vehículos, viáticos, telefonía móvil de los funcionarios públicos, entre tantos otros gastos superfluos. Así como también prohibir el uso de recursos públicos para que cualquier autoridad local, seccional, o nacional que no tenga el rango de Ministro de Estado viaje fuera del país. Este dispendio generalizado de recursos públicos debe parar de inmediato.

La comunicación pública debe restringirse exclusivamente a temas de seguridad, sanitarios o aquellos que requieran difusión a la ciudadanía, eliminándose cualquier mensaje enfocado a publicidad de obras o promoción de funcionarios públicos.

4. AUSTERIDAD.

Los viajes de funcionarios públicos al extranjero deben restringirse solo a gestiones que se califiquen como indispensables por parte de un comité público-privado que se conforme para el efecto. Es de igual importancia que se tome una decisión sobre la liquidación o venta de las empresas públicas que han presentado déficits en los últimos años, ya que siguen utilizando recursos públicos y se han transformado en una carga para el Ecuador.

5. EMPRESAS PÚBLICAS.
El Gobierno Nacional cuenta ya con estudios completos sobre esta enorme fuente de ahorro. Debe implementarse de inmediato.

6. FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES.
Si bien lo planteado en el proyecto de ley podría apoyar parcialmente la desesperante situación actual y del cortísimo plazo es trascendental para cumplir con el compromiso de mantener el empleo, contar con una ley laboral que permita hacer frente a la “nueva normalidad post-pandemia”, permitiendo a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, hacer frente a iliquidez y a un mercado disminuido, así como a la agresiva competitividad de los sectores productivos de los países con los cuales comerciamos, los cuales han reformado profundamente sus legislaciones.

7. REFORMA LABORAL.
Otro punto importante para la subsistencia de las empresas y que no fue expuesto por el Gobierno Nacional, es el relacionado al problema de iliquidez y por lo tanto la necesidad de financiamiento a tasas competitivas con el mercado internacional. Por ello consideramos que, previa reforma legal, el Banco Central debe actuar como garante de créditos dirigidos a sectores productivos que generen empleo y producción nacional. En el mismo contexto, el BCE debe contar con capacidad para descontar cartera bancaria de créditos de estos mismos sectores productivos.

8. INYECCIÓN DE LIQUIDEZ.
El Ecuador debe hacer todos los esfuerzos por sostener la dolarización y para ello es fundamental que nuestro país alcance condiciones de equilibrio y competitividad, por lo que debemos proteger ahora mas que nunca al aparato productivo en su condición de generador nato de empleo directo e indirecto en el país. En esta línea, debemos implementar a la brevedad políticas que permitan

9. DEFENSA DE LA DOLARIZACIÓN

Que mayor cantidad de divisas se queden en el país, excluyendo por supuesto todo aquello relacionado a salud, emergencia sanitaria y actividad productiva, además de implementar como Estado una política pública que promueva el consumo de productos nacionales para apoyar el mantenimiento y generación de empleo en Ecuador.

10. FIDEICOMISO HUMANITARIO Y DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA.

Asimismo, consideramos que toda empresa y todo ciudadano debe tener el derecho de escoger un Fideicomiso Privado de Ayuda Comunitaria frente ala Pandemia, de su respectiva localidad, al cual pueda asignar hasta un 20% del monto que pague por estos nuevos tributos, para apoyar las actividades de contención de la pandemia en nuestras respectivas ciudades y provincias.

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