Buscan soluciones para la niñez en temas de educación y salud frente a la pandemia.

La pandemia ha traído a la luz la desigualdad social que se expresa en el ámbito educativo.

La educación y salud, como una inversión social y no como un gasto, respetando los derechos de los niños y adolescentes, en el marco de la pandemia por el Covid-19, fue analizado, este lunes 25 de mayo, por el Grupo Parlamentario que trata estos temas. Junto con organizaciones sociales buscó mecanismos de solución a los problemas ocasionados por la emergencia sanitaria, mismos que se sustentaron en el ejercicio del poder, el derecho a la vida, y el rol de todos para incidir en las decisiones del Estado.

Los expositores manifestaron que la emergencia sanitaria obliga a rediseñar las estrategias  sanitarias y a modernizar los programas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades; que la educación virtual afecta la calidad, especialmente de quienes no cuentan con los recursos necesarios.

Plantearon mayor inversión y fortalecer espacios de contingencias; acciones para proteger la vida, la salud y la integridad; mecanismos para que no haya discriminación; plan de contigencia en educación; transparencia en la información presupuestaria; entre otros.

El encuentro contó con el apoyo de Word Vision, Universidad Indoamérica, Voces Ciudadanas, Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador.

María del Carmen Calle, secretaria Ejecutiva del Congreso Andino de Salud Oras-Conhu, tras subrayar que los niños deben ser protegidos, educados, saludables, tratados justamente y esuchados, dijo que ellos no  son el futuro del país, sino, el presente, por tanto, es necesario hacer una mayor inversión, porque  se ha demostrado que cuando hay mayor inversión hay mejores rendimientos.

Sostuvo que la pandemina genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales,  culturales y ambientales; y, la pandemia impactó a la región en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica.

A su criterio, las medidas para enfrentar los temas de salud y educación no han sido suficientes y las acciones que se deben adoptar deben ser adecuadas para proteger la vida, la salud y la integridad. Hay buscar mecanismos para que no haya discriminación y retrasos. Todos los gobiernos deben proteger a la infancia para garantizar el acceso a la educación, salud, agua, soporte de enfermedades crónicas, entre otras.

La pandemia ha traído a la luz la desigualdad social que se expresa en el ámbito educativo, que visibiliza la diferencia de cómo llega ésta al sector urbano y al marginal, es decir,  hay brechas de desigualdad, dijo por su lado la asambleísta Silvia Salgado.

Comentó que el sistema educativo enfrentó la pandemia tratando de entender, al niño y al maestro, primero como seres humanos. La legisladora afirmó que antes de la pandemia, por prioridades presupuestarias, se visibiliza una reducción de 228 millones para el sistema nacional de educación, lo que ha limitado continuar en el desarrollo educativo. Cree que se debe reactivar la economía en los sectores más reprimidos y demandó presupuesto y políticas públicas para el sector.

Desde la Voces Ciudadanas, Pilar Collantes, representante de la iniciativa regional por el Derecho a la Salud, cree que los estados se deben replantear sus prioridades y hacer sus mayores esfuerzos para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes. Dijo que la pandemia ha demostrado la magnitud de la precaridad, en unos países más que otros, así como la vulneración de derechos.

La niña, Valeria Lozano, delegada del Movimiento de Niñez y Adolescencia de la provincia de El Oro, indicó que la pandemia afectó a todos. Ve con preocupación el tema de educación que involucrará un cambio total, porque maestros y estudiantes no están preparados, muchos no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a las tecnologías. Pidió a las autoridades actuar con responsabiliad para que sea una oportunidad con cambios necesarios y benecie a quienes realmente lo necesitan.

De su lado, el parlamentario Ángel Sinmaleza aseveró que no hay información sobre la nutrición adecuada para los niños y adolescentes. Dijo que actualmente existe una inadecuada asistencia y optimización de alimentación escolar, una falta de coordinación interinstitucional dirigida a la diversificación de la alimentaicón, con enfoque a una alimentación adecuada. Aspira que con la Ley de Alimentación Escolar se pueda avanzar con políticas públicas en nutrición y alimentación por parte del Estado.

En un segundo bloque, participó Baron Hidrovo, miembro del equipo de investigadores del Reporte “Una mirada a la Salud de la Niñez y Adolescencia en Ecuador”, habló de los problemas sociales en este sector y expresó que la inversión social para salud y educación en Ecuador es real, por tanto su dinero no se toca.

Fernando Aguiñaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, puntualizó que  las muertes de niños no solo deben ser cifras, sino personas con nombres, rostros e historias. Coincidió en que se debe trabajar más en los recién nacidos que sucumben a una infección por no recibir una inyección; por los niños, que nunca alcanzaron su potencial, por culpa de la desnutrición; hacer más por los adolescentes que se enfrentan a un embarazo no deseado.

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