Bélgica no permitirá que Rafael Correa sea capturado: abogado del exmandatario

Rafael Correa, expresidente de Ecuador. (Foto tomada de Sputnik).

 

Bélgica no permitiría que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) sea capturado en caso de que la Interpol acepte el pedido de difusión roja realizado por la justicia ecuatoriana, dijo a Sputnik el abogado del exmandatario, Fausto Jarrín.

“Bélgica no permitiría que Correa sea capturado. Es un país que se ha vanagloriado de respetar siempre los derechos y garantías. Aun cuando Interpol acepte el pedido de difusión, que me parece muy improbable, Bélgica no permitiría que se atropellen las garantías de un conciudadano europeo, porque Correa es padre de ciudadanos belgas y es casado con una ciudadana de ese país”, dijo a Sputnik Jarrín.

Además, Jarrín informó que la defensa de Correa solicitó un informe jurídico a Interpol.

“Le hemos solicitado a la secretaría general de Interpol que haga un informe jurídico del caso Correa antes de tomar una decisión”, dijo Jarrín.

Jarrín también afirmó que en caso de que la Interpol acepte el pedido de difusión, se vería afectada la capacidad de movilización de Correa; además, dijo que la misma difusión roja es susceptible de una apelación.

El 7 de octubre, el sistema judicial ecuatoriano oficializó el pedido de notificación roja de Interpol en contra de Correa y otros sentenciados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.

Dicha acción implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.

Además de Correa, figuran el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla; el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.

Todos fueron acusados de formar parte de una estructura de corrupción en la que instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar las campañas políticas del partido oficialista Alianza País (AP), en ese entonces de Correa.

La negativa de Interpol

El abogado del expresidente dijo, en diálogo con Sputnik, que Interpol se va a negar al pedido de la justicia ecuatoriana, como lo hizo en dos ocasiones anteriores.

“Lo único que va a hacer Interpol es ratificar la condición de procesos parcializados, que no gozan de garantías, que atentan contra los derechos humanos. Es cuestión simplemente de que revisen las primeras líneas de la sentencia para que se den cuenta de la barbaridad jurídica en la que suscribieron los jueces, el absurdo procesal que impulsó la Fiscalía y la barbarie que existe en Ecuador”, explicó.

Señaló que en el proceso de casación se rompieron con todos los récords de tiempo y que en la sentencia se habló de “influjo psíquico”, a través del cual el expresidente irradiaba a sus funcionarios la intención de cometer delitos.

“Me gustaría que quede muy claro el absurdo jurídico que implica la sentencia. Lo del influjo psíquico es volver al derecho penal contra el pensamiento, que era propio del fascismo. Eso es lo que estamos viviendo. Y desde ahí se tiene que analizar la realidad jurídica de Ecuador, es absurdo”, determinó.

En 2018, la jueza Daniella Camacho pidió la primera alerta roja a Interpol para la detención de Correa, pero la organización denegó la medida argumentando su incompatibilidad con el respeto a los derechos humanos.

En 2019, Camacho solicitó que se revise la negativa de Interpol, pero la solicitud fue nuevamente denegada al entender que el Estado ecuatoriano no había aportado nuevos hechos.

Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica.

Correa no va a regresar a Ecuador porque su vida correría peligro

“La posibilidad de que él se acerque al país, estando como está Ecuador en manos de una dictadura, sería un riesgo innecesario para su vida. Por lo tanto, el contingente humano, histórico, de Correa estará con nosotros por todas las vías posibles, excepto la de la presencia física”, dijo a esta agencia Jarrín.

En agosto del 2019, Correa dijo a Sputnik desde Bélgica, donde reside actualmente, que los juicios que enfrenta en su país son para evitar que participe en las elecciones del próximo año.

Además, dijo que pretendía ser candidato a la vicepresidencia de su país u ocupar una banca en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral decidió que el exmandatario no podía integrar la papeleta debido a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016.

“El expresidente es la principal figura, el político más importante del progresismo en Ecuador. Es el impulso de las bases populares. Por eso siempre consideramos que sea parte de la contienda electoral. El Gobierno, a través de la manipulación y del uso de las instituciones públicas, ha logrado proscribir los derechos electorales de Correa”, dijo a esta agencia Jarrín.

El abogado consideró que Correa no debería acercarse a los países latinoamericanos que integran el Grupo de Lima, una entidad fundada en agosto de 2017 que reclama la celebración urgente de elecciones en Venezuela y que está integrada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

“No se recomendaría de ninguna manera que Correa vaya a los países del Grupo de Lima. Pero hay países como Argentina, México y Venezuela que le están dando dura lucha a ese bloque conservador, creo que esos países serían seguros. Pero primero hay que ir evaluando las decisiones paso a paso porque hay responsabilidades muy grandes por detrás”, agregó.

Consultado sobre si Correa podría estar evaluando trasladarse a Argentina, México o Venezuela para comandar desde esos países la campaña electoral en Ecuador, Jarrín afirmó que desconocía si “en lo personal” el expresidente lo estaba analizando.

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