Avanza el estudio del proyecto de Ley de Reparación de Víctimas afectadas por la violación a los Derechos Humanos

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continúa el estudio del proyecto de reformas a la Ley para la Reparación de las Víctimas y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

A esta sesión acudieron Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto; Jorge Sosa, coordinador general de la Unidad Técnica Legislativa y André Benavides, constitucionalista.

El punto de análisis de esta reunión se centró en el gasto que le representaría al Estado asumir la reparación integral a nuevas víctimas de violación de derechos humanos.

Olga Núñez manifestó que esta medida representaría un impacto en las finanzas públicas, por lo que es necesario establecer una fuente de financiamiento, según determina la Constitución. Advirtió que el proyecto deja una puerta abierta para que se beneficien personas que no fueron afectadas, por lo que es necesario que se revise el alcance de la iniciativa.

El coordinador general de la Unidad Técnica Legislativa, Jorge Sosa y el constitucionalista André Benavides coincidieron en que el presupuesto para indemnizaciones no es un impedimento para la reforma a la ley, porque no impacta de manera directa a las finanzas del Estado.

“Lo único que hace la reforma es aumentar el posible número de beneficiarios de la ley que ya está vigente y fija un procedimiento para identificar a las víctimas y el Estado ya tiene un presupuesto para pagar indemnizaciones a las personas que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos”, dijo Sosa.

Por su parte, Benavides expresó que la reforma planteada no afecta a las finanzas públicas ni genera un vicio en el procedimiento formal de la ley, porque “no necesariamente la reparación integral tiene que ver con un aspecto indemnizatorio, pues la víctima puede solicitar un beneficio inmaterial, como solicitar disculpas públicas”.

La asambleísta, Jessica Castillo mocionó que se solicite al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, una prórroga de 90 días para continuar la revisión de las observaciones y presentar el informe para primer debate, propuesta que fue aprobada con 6 votos afirmativos.