Autoridades rinden cuentas ante la Comisión de Justicia sobre las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres

Comparecencias ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Ante la Comisión de Justicia comparecieron autoridades de diversas funciones e instituciones del Estado con el propósito de conocer y evaluar de qué manera han asumido las responsabilidades que les otorga la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y con ello determinar qué han hecho y qué les falta hacer.

La jornada inició con Patricio Donoso, ministro de Trabajo, quien informó que desde 2021 hasta octubre de 2022 se realizaron 1.830 inspecciones especializadas de seguridad y salud en el trabajo. Explicó que las inspecciones se ejecutan de manera periódica y aleatoria a nivel nacional, respecto de las obligaciones de los empleadores, a fin de verificar casos de discriminación, acoso laboral o toda forma de violencia contra la mujer, y que por efectos de la ley que previene la violencia de género se han atendido más de 700 trámites. De su lado, el viceministro Carlos Miguel Febres Cordero reconoció que persiste la violencia contra la mujer y el acoso laboral.

Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que la institución tiene dependencias encargadas de preparar y ejecutar los planes de prevención de violencia de género. Señaló que dentro de la estructura institucional del Consejo, la Subdirección Nacional de Género tiene como misión elaborar propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género entre los servidores judiciales y en el ámbito administrativo de la Función Judicial.

Al detallar las medidas que han tomado, como la preparación del Registro Único de Violencia, advirtió que la falta de presupuesto es una limitante para la aplicación de la ley.

A su vez, la directora del Ecu 911, Daniela Saltos, informó que trabajan para mejorar los estándares de atención a las alertas de emergencia de violencia de género e intrafamiliar y que para ello preparan el protocolo interinstitucional para la recepción de estas alertas y en la capacitación de 1.100 personas del Sistema Ecu 911 y más de 1.500 personas de las instituciones articuladas, proceso que concluirá en los primeros días de diciembre.

Desirée Viteri, directora de Derechos Humanos, Género e Inclusión, del Ministerio de Salud, informó que conjuntamente con la Fiscalía del Estado trabajan en la superación de los nudos críticos que se presentan en la recepción de los formularios para atender a las víctimas de violencia de género. Explicó que las fiscalías provinciales tienen sus propios procesos de recepción del formulario 094 y en algunos casos solicitan documentos adicionales que no fueron acordados o alegan que no son flagrantes y, por tanto, no reciben, pese a lo cual han avanzado mucho para superar estos inconvenientes.

El defensor Público, Ángel Torres Machuca, tras destacar la iniciativa de la Comisión de Justicia para lograr instituciones articuladas que realicen un trabajo conjunto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, dio a conocer que cuentan con unidades para atender a víctimas de violencia de género y forman parte de espacios interinstitucionales orientados al logro de estos objetivos y brindar una atención oportuna bajo el principio de justicia especializada.

En la comisión estuvieron también autoridades de los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Educación; Defensoría del Pueblo; Secretaría de Derechos Humanos; Consejo Nacional para la Igualdad de Género; del sistema de educación superior; y, del Consejo de Comunicación. Otras autoridades, entre ellas, la Fiscal General del Estado, remitieron la información por escrito.

La legisladora Johanna Moreira, presidente de la subcomisión encargada de hacer el seguimiento y evaluación de la ley, expresó que la información requerida está orientada a conocer de qué manera las autoridades trabajan para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo manifestó que la información proporcionada por los comparecientes servirá para elaborar el informe que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

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