Asamblea Nacional acoge informe de la comisión de salud sobre el caso de carnés de discapacidad.

Se exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas.

Con 125 votos afirmativos, en la sesión del Pleno 696, la Asamblea Nacional aprobó  el informe no vinculante en torno de la fiscalización de la obtención de carnés de discapacidad, elaborado por la Comisión de Salud. Entre otros aspectos, el documento exige al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que definan políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad.

La moción la presentó el legislador Rodrigo Collaguazo, quien planteó acoger el citado  informe y las recomendaciones. Además, se pronunció por instar a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia, y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y con su obligación de remitir a la Legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

La exigencia al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoca, especialmente, en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

También, se exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Igualmente, se solicita al Ministerio de Salud un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29 708 carnés, de los cuales 2454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Por último, se dispone que se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la investigación del caso del legislador Fabricio Villamar, para cuyo efecto el parlamentario Rodrigo Collaguazo será el encargado de presentar la respectiva denuncia.

El informe

El legislador William Garzón, presidente de la Comisión de la Salud, en calidad de ponente, calificó de un hecho miserable la entrega fraudulenta de alrededor de 3 mil carnés de discapacidad en medio de la gravedad de la pandemia, más aún cuando el proceso estaba suspendido en razón del estado de excepción.

Aseveró que el deficiente control por parte de las autoridades permitió que la red de corrupción actúe incluso en la emergencia sanitaria para entregar de manera irregular carnés de discapacidad. Dijo que ha quedado claro que solo 11 de los 137 asambleístas estaban inmersos en esta temática.

Debate

En el debate del informe intervinieron 15 parlamentarios. Las opiniones se enfocaron en que el Parlamento ofrezca una respuesta firme y contundente, sin cálculos políticos, para determinar los responsables y juzgar a los que han actuado dolosamente en la tramitación de los carnés, en que se configuran delitos como tráfico de influencias, asociación ilícitica, concusión, defraudación tributaria.

También, se habló de la necesidad de exigir a la Contraloría, Fiscalía y la administración de justicia, en general, la debida celeridad en los procesos judiciales.

Estos actos reñidos con la moral y la ética no pueden quedar en la impunidad, se enfatizó, y se requiere que toda la información se transparente.

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