Analizan la creación de tribunales de tratamiento de drogas en Ecuador

El embajador de Estados Unidos, Adam Namm, y la presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en una reunión virtual.

La presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control de Drogas (SE-CICAD), el embajador de Estados Unidos Adam Namm, mantuvieron una reunión con el objetivo de analizar la factibilidad de crear Tribunales de Tratamiento de Drogas en el Ecuador.

El encuentro se realizó de manera virtual, con la presencia del representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Embajador Carlos Játiva; la consejera de la Misión Permanente del Ecuador ante la OEA, María Eugenia Reyes; y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Verónica Aguilar.  Además participaron el Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la SE-CICAD, Antonio Lomba; y, el Gerente del Programa de Justicia Terapéutica de la Unidad de Fortalecimiento Institucional del mismo organismo, Jeffrey Zinsmeister.

La OEA, a través de la SE-CICAD, impulsa la creación de los mencionados tribunales, promoviendo alternativas al encarcelamiento para infractores de drogas. Considerando que la dependencia de sustancias estupefacientes es una enfermedad crónica y recurrente, se plantea abordar el tema como un eje fundamental de las políticas de salud pública para tratar al infractor dependiente desde el punto de vista sanitario, al tiempo de mejorar sus condiciones de vida.

Durante su intervención, la  presidente del CJ felicitó el éxito que esta iniciativa ha tenido en otros países. “Valoramos los esfuerzos de la Comisión en estos programas como alternativa de tratamiento al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas”, manifestó.

También indicó que la propuesta de creación de Tribunales de Tratamiento de Drogas requiere de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal. “Es importante que dicha propuesta parta de un estudio técnico de factibilidad y carga procesal, desde un enfoque integral y restaurativo de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar los derechos de las personas que padecen de un consumo problemático de sustancias y que se encuentran en conflicto con la ley penal”, señaló.

De su parte, el embajador Adam Namm destacó que actualmente existen en el hemisferio 15 países que aplican este programa el cual permite, entre otras cosas, reducir los delitos relacionados con el abuso de sustancias, disminuir la recaída en el consumo de drogas y bajar el hacinamiento penitenciario. De igual forma, Antonio Lomba y Jeffrey Zinsmeister explicaron cómo funciona este modelo en otros países y cuáles son los retos a enfrentar. También ratificaron su predisposición para brindar la asistencia técnica que se requiera.

Como parte de este diálogo se acordó la realización conjunta de un seminario que permita intercambiar experiencias e información y recoger insumos técnicos para implementar estos tribunales.

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