Alcalde de Quito Jorge Yunda fue removido del cargo

Tras una maratónica sesión de más de 16 horas, la madrugada de este jueves 3 de junio el Concejo Metropolitano de Quito removió del cargo al alcalde Jorge Yunda con el mínimo de l0s votos necesarios. Yunda puede apelar la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en caso de que la ratifique le sucedería el vicealcalde Santiago Guarderas.

Votaron por la remoción 14 concejales: Bernardo Abad (ID), René Bedón (Unión Ecuatoriana), Juan Manuel Carrión (Concertación), Omar Cevallos (Concertación), Luz Elena Coloma (Creo), Eduardo del Pozo  (Creo), Juan Carlos Fiallo (Compromiso Social), Andrea Hidalgo (ID), María Paulina Izurieta (ID), Analía Ledesma (ID), Fernando Morales (Concertación), Mónica Sandoval (Compromiso Social), Brith Vaca (Compromiso Social), Santiago Guarderas (Unión Ecuatoriana).

Uno lo hizo en contra, Luis Robles, de Compromiso Social.

Seis se abstuvieron: Soledad Benítez (Compromiso Social), Gisella Chalá (Compromiso Social), Marco Collaguazo (Unión Ecuatoriana), Orlando Núñez (Independiente), Blanca Paucar (Compromiso Social),  Luis Reina (Compromiso Social).

La remoción obedeció al pedido del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito que argumentó que la administración de Yunda se ha “caracterizado por un aparente mal manejo de los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado”.

Además alegó incumplimiento de disposiciones  legales y “resoluciones expedidas” por el Concejo Metropolitano, causales previstas en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Luego de conocer la decisión, el alcalde reaccionó en su cuenta de Twitter señalando que en la política no hay amigos sino solo intereses.

En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado.

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) June 3, 2021

Su abogado, Marcelo Icaza, quien los representó en  la sesión del Concejo, señaló que recurrirían a todas las instancias legales para que sea restituido, incluso llevarían el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado sería condenado a pagar una indemnización a Yunda por la remoción.