Acuerdo Nacional para el Acceso a Justicia por una Vida Libre de Violencias analiza acciones interinstitucionales 2021-2022.

Las temáticas, propuestas y compromisos adoptados en la sesión fueron los relacionados a la presentación del protocolo de actuación única para atención a niños, niñas y adolescentes.

La mañana de este lunes, 05 de julio de 2021, se efectuó la sesión ordinaria de la Comisión Nacional Mixta de Acceso a la Justicia de Ecuador, espacio creado por el referido Acuerdo para identificar los nudos críticos y planteamiento de soluciones concretas respecto a la judicialización, investigación especializada y reparación integral a las víctimas en los ilícitos de violencia sexual y Femicidio; así como, la homologación de los registros de los ilícitos de violencia de entre los órganos que conforman la Comisión.

En la sesión de alto nivel participaron la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; el Defensor Público, Ángel Torres; la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; y sus delegados técnicos.

Las temáticas, propuestas y compromisos adoptados en la sesión fueron los relacionados a la presentación del protocolo de actuación única para atención a niños, niñas y adolescentes en la que se sugirió se trabaje en el sistema nacional de protección, así como en el levantamiento de redes de municipalidad. Otro aspecto en discusión fue la derogatoria del Decreto 696 respecto del otorgamiento del bono para hijos de víctimas de femicidio en situación de orfandad, a fin de que su alcance se amplíe respecto de la realidad socioeconómica de las niñas, niños y adolescentes.

Las máximas autoridades presentes en esta ocasión se convocarán en una próxima sesión ordinaria a fin de establecer acciones a ejecutar en cuanto al registro de víctimas indirectas de femicidios en los sistemas informáticos, con el propósito de aportar data estadística judicial especializada; establecer un modelo de atención interinstitucional para víctimas de violencia, y otro para delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes; reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, aportes al Registro Único  de Violencia (RUV) en cumplimiento a las disposiciones legales y constitucionales.

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