Justicia reafirma su decisión de ponerle alto a la minería en las fuentes de agua

Tras conocer y festejar el fallo judicial, pobladores de Molleturo y sectores de apoyo que permanecieron en vigilia frente a la Corte Provincial todos estos días se preparaban para abandonar el lugar

Tras conocer y festejar el fallo judicial, pobladores de Molleturo y sectores de apoyo que permanecieron en vigilia frente a la Corte Provincial todos estos días se preparaban para abandonar el lugar.

La Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia judicial que dispuso la suspensión de las actividades mineras en el proyecto Río Blanco, de la parroquia Molleturo.

En su parte esencial, la sentencia del Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia, integrado por los jueces Edgar Morocho Illescas, Auria Piedad Calderón y Rosa Zhindón Pacurucu negó la apelación del Estado ecuatoriano y confirmó la sentencia de primer nivel que aceptó la acción constitucional por la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo sobre el proyecto minero Río Blanco.

Además revocó la medida de restitución del derecho vulnerado de la consulta previa por cuanto “el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5…?

La resolución judicial recuerda que el resultado de la votación de los habitantes de Molleturo fue del 67,80% por el SI y el 32,20% por el NO, decisión que surte los efectos previstos en el Art. 106 de la Constitución del Ecuador; y, las partes tienen otros medios constitucionales y legales en este caso.

Para David Fajardo, del colectivo Yasunidos, este triunfo de la justicia es un firme precedente que se podría aplicar en el resto de proyectos mineros del país e inclusive de América Latina.

La sentencia también da la oportunidad para la pacificación entre las comunidades y familias que se vieron divididas por la presencia del proyecto minero, sostuvo Fajardo.

Se abre la factibilidad de que las comunidades entiendan que la lucha no era entre ellas sino contra un proyecto impuesto además de que el modelo extractivista no solo ha hecho daño a las comunidades, a los derechos humanos,  sino a la naturaleza, sostuvo.

Ahora, luego de que salgan las fuerzas militares y policiales, nuevamente hay que empezar a construir comunidad y trabajar como siempre se lo ha hecho, en la tierra, en la agricultura, y además hay que exigir la atención por parte de las autoridades, Molleturo siempre ha estado olvivado, subrayó Fajardo.

Hay que generar procesos económicos sin depender de la minería, recalcó.

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