«316 personas perdieron la vida bajo custodia del Estado»: Los detalles del informe de la CIDH sobre la situación de los presos en Ecuador

Bandera de Ecuador ondea junto a una valla con alambre de púas. (Foto tomada de RT).

Según la organización, la cifra de muertos en las cárceles ecuatorianas en 2021 representa un incremento de 587 % respecto al 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves 17 de marzo  un informe en el que revela la situación de las personas encarceladas en Ecuador, tras los múltiples hechos violentos registrados en los centros penitenciarios del país suramericano en 2021.

«En 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado, y cientos resultaron heridas en una serie de ataques ejecutados por las mismas personas detenidas», dice la CIDH, que realizó una visita de trabajo a Ecuador del 1 al 3 de diciembre de 2021, justamente en el contexto de la grave crisis penitenciaria.

De acuerdo con la organización citada por la cadena RT, la cifra de muertos en las cárceles ecuatorianas en 2021 representa un incremento de 587 % respecto al 2020, cuando se registraron 46 muertes.

Ocho hechos violentos

En el informe, la CIDH hace un recuento y señala que en 2021, hasta el 1 de diciembre —fecha de su visita—, tuvieron lugar ocho eventos violentos en centros de privación de libertad que dejaron esos 316 muertos.

Entre los principales hechos de violencia están el que ocurrió el 23 de febrero, cuando hubo amotinamientos simultáneos en los Centros de Privación de Libertad (CPL) de Azuay No. 1, Cotopaxi No. 1 y Guayas No. 1, así como en el Centro de Rehabilitación Social Guayas No. 4. Estos ataques dejaron 78 reos muertos, dice la CIDH en su documento; aunque inicialmente las autoridades informaron sobre 79 fallecidos.

El 28 de abril hubo un nuevo motín en el CPL Guayas No. 1, con un saldo de cinco muertos; seguido de otros que tuvieron lugar el 21 y 22 de julio en el mismo lugar y en el CPL Cotopaxi No. 1, dejando 26 víctimas fatales, aunque inicialmente se informó que eran 27.

Luego, el 28 de septiembre ocurrió la peor masacre carcelaria de Ecuador. Los hechos tuvieron lugar en el CPL Guayas No. 1, ocasionando la muerte de 122 personas. Las autoridades entonces habían comunicado que fueron 119 los fallecidos.

Más adelante, los días 12 y 13 de noviembre hubo nuevos hechos de violencia en el CPL Guayas No. 1, que dejaron un resultado de 65 personas fallecidas; aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) reportó 68.

La crueldad de las muertes

En el informe, la CIDH también da cuenta de la crueldad de las muertes en estos amotinamientos dentro de las prisiones. Por ejemplo, en los hechos del 28 de septiembre, señala que la amplia mayoría pereció por impactos de armas de fuego, habiéndose utilizado también armas corto punzantes y hechizas; y según la información recabada por las autoridades, 88 cuerpos estaban completos, y los demás «presentaban diferentes tipos de mutilaciones —entre ellas, cuatro decapitaciones».

Mientras que en la masacre del 12 y 13 de noviembre, en la que se usó explosivos para hacer un hueco a uno de los muros de un pabellón de la prisión, «los cuerpos levantados por las autoridades estaban en muy malas condiciones debido a la violencia extrema a la que fueron objeto», dice la CIDH en el informe, en el que agrega que «algunos de ellos fueron desmembrados o mutilados; y los cuerpos y las piezas anatómicas fueron apiladas e incendiadas».

Además de esto, la organización internacional observa con preocupación que un alto número de personas privadas de libertad que murieron en los hechos de violencia eran «personas jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusadas por la comisión de delitos menores», y que algunos de los muertos «contaban con la boleta de libertad».

Causas y factores

Entre las causas que enumera la CIDH de la violencia intracarcelaria en Ecuador están «la falta de control efectivo de los centros penitenciarios por parte del Estado», y en consecuencia, que «el control intramuros se ha venido ejerciendo por parte de las propias personas detenidas».

También destaca la disputa por el control de pabellones y centros penitenciarios al interior por parte de diferentes bandas delincuenciales, «motivadas principalmente por los beneficios generados por la economía ilegal existente». Entre las agrupaciones criminales en conflicto nombra a Los Choneros, Los Lobos, Triguerones (Tiguerones), Latin Kings y Nueva Generación.

Otra causa más de estos hechos violentos sería la «insuficiencia de guardias penitenciarios de seguridad dedicados a la vigilancia y control de los centros» y la falta de equipo, formación y preparación de estos.

Pero más allá de las causas, la CIDH señala que «este grave fenómeno se inserta en una crisis penitenciaria de carácter estructural» y describe algunos factores que han contribuido a esta lamentable situación en los centros de privación de libertad, como el «debilitamiento de la institucionalidad».

En ese sentido, hace énfasis en la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuestión que ocurrió en 2018, durante la presidencia de Lenín Moreno.

A esto se suma una disminución presupuestaria desde 2017 al sistema penitenciario, pese a que la población privada de libertad ha aumentado en los últimos años. En detalle, se especifica que el presupuesto fue de 153 millones de dólares en 2017, 131 millones de dólares en 2018, 90 millones de dólares en 2019, 88 millones de dólares en 2020 y 54 millones de dólares en 2021.

Asimismo, hace referencia a la corrupción, cuyos actos «impedirían el correcto funcionamiento del sistema» y han facilitado el ingreso de drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, armas hechizas, e incluso explosivos a las cárceles.

Otro factor al que hace referencia la CIDH es la falta de registro adecuado de los reos, encontrando que «no hay un censo de población penitenciaria y que las personas privadas de libertad no están debidamente registradas».

El hacinamiento es otro factor. La capacidad máxima instalada de las prisiones en Ecuador es de 30.169 plazas y para el momento de la visita de la CIDH habían 36.599 privados de libertad; cuestión que disminuyó e febrero a 34.821 presos, según datos de las autoridades.

A esto se le añade «el uso excesivo de la prisión preventiva» en el país.

Las condiciones de los presos

La CIDH constató las condiciones de detención de los centros de privación de la libertad en Ecuador donde, además de sobrepoblación, violencia intracarcelaria y la insuficiente presencia de personal penitenciario, encontró:

  • Falta de separación por categorías.
  • Deficiente infraestructura.
  • Atención médica negligente.
  • Alimentación inadecuada.
  • Obstáculos en el acceso al agua.
  • Falta de perspectiva de género en el tratamiento penitenciario.
  • Obstáculos para la efectiva reinserción social.

«Las deplorables condiciones de detención y las situaciones de extrema violencia a las que están expuestas las personas privadas de la libertad constituyen en sí mismas un trato cruel, inhumano y degradante», dice la CIDH.

Recomendaciones

La CIDH señala que el Estado ecuatoriano ha adoptado algunas medidas para atender la crisis carcelaria, como declaratorias de estados de excepción, creación de una comisión especial para trabajar el tema de seguridad, investigación de los hechos, indultos presidenciales, entre otras.

No obstante, emitió una serie de recomendaciones, que incluyen realizar acciones tendientes a recuperar la completa autoridad en la administración de la gestión penitenciaria; establecer patrones de vigilancia continua al interior de los centros que permitan prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; instaurar programas especializados de formación y capacitación para el personal encargado de la seguridad de las cárceles.

También formular estrategias y políticas encaminadas a la promoción de una cultura propicia para la resolución pacífica de conflictos; adoptar las medidas judiciales, legislativas y administrativas requeridas para contar con una política criminal integral, y en consecuencia, reducir la población carcelaria; garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y con el respeto de los derechos humanos; fortalecer los programas de reinserción social; entre otras recomendaciones.

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