Audiencia de páramos para fortalecer la protección de fuentes de agua

Delegados a la Audiencia en la ceremonia de apertura de la jornada

 

Delegados a la Audiencia en la ceremonia de apertura de la jornada

En el marco de la iniciativa “Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos”, el colectivo Yasunidos y otras organizaciones efectuaron  la “Audiencia Pública sobre los Páramos”, este jueves 12 de octubre en el Salón de la Ciudad de Cuenca, en el sur andino del Ecuador.

Se dieron cita delegaciones de varias zonas del país: Carchi, Zaruma, Íntag, Cañar, provincias amazónicas, Azuay, entre otras.

Se trató de algo similar a un proceso judicial en el que las personas preocupadas por el deterioro del medio ambiente, fuentes de agua y otras situaciones de orden social, expusieron sus testimonios para presionar las soluciones correspondientes.

La orientación central de la audiencia fue demostrar cómo la minería metálica en las zonas frágiles, en los páramos, provocan graves consecuencias de destrucción y alteración en la naturaleza y al interior de las comunidades y las familias, expresó la viceprefecta María Cecilia Alvarado.

Señaló que hoy que el Gobierno Nacional impulsa una consulta popular, que la SEMPLADES habla de un agua segura para todos, es indispensable que se asuma con coherencia la política pública estatal y que se descarte la minería metálica en las fuentes de agua.

Indicó que los resultados de la audiencia se enviarán la Presidencia de la República, a organismos nacionales e internacionales, pero por sobre todo servirán para el fortalecimiento del trabajo, de la unidad, de la solidaridad de las comunidades.

Aprovechó la oportunidad para rechazar las acusaciones que se la hacen en el sentido de ser la promotora, junto a la organización Yasunidos y otros actores, de los hechos de violencia recientes en la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, donde parte de la población está movilizada en contra de las actividades mineras.

Para el activista y sacerdote Fernando Vega, es lamentable que la Ley de Minería permita la expulsión de las comunidades de sus territorios para que pasen a ser de propiedad extranjera, a pretexto de que las riquezas minerales del subsuelo son recursos imprescriptibles del Estado.

En diálogo con los medios de comunicación Vega sostuvo que la Consulta Popular que tiene preguntas atractivas para legitimar políticamente al presidente Lenin Moreno, no resuelven los problemas de fondo. Es el caso de la actividad minera en el Azuay que está legalizada.

En este sentido demandó de las autoridades “una mayor valentía y decisión” para continuar en la lucha por la conservación de los páramos y fuentes de agua.

También llamó la atención de las comunidades campesinas que están extendiendo la frontera agrícola y ganadera en las alturas con el consecuente deterioro de esos hábitats.

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